MADRID, 31 (EUROPA PRESS)
El Tribunal Constitucional (TC) encara el nuevo año judicial con la mirada puesta en el recurso del ex 'número tres' del PSOE Santos Cerdán por su ingreso en prisión y en los últimos flecos de la amnistía: los amparos del 'expresident' Carles Puigdemont y de los condenados del 'procés' ante la negativa del Supremo a amnistiarles la malversación, los recursos de los gobiernos del PP y las consultas de tres tribunales.
La corte de garantías abordará dicha agenda pendiente de su renovación parcial --a cargo del Senado-- por la salida de cuatro de sus magistrados, que verán caducar sus mandatos en diciembre, incluido el presidente Cándido Conde-Pumpido.
LA PRISIÓN DE CERDÁN
Justo antes de que el Constitucional cerrara sus puertas por el periodo estival, Cerdán pidió al tribunal que suspendiera cautelarmente la prisión provisional en la que se encuentra desde el 30 de junio.
El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Leopoldo Puente ordenó su encarcelamiento en el marco de la investigación que dirige en su contra por su presunta participación en una trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública junto al exministro José Luis Ábalos y al exasesor ministerial Koldo García.
El magistrado le envió a la cárcel al apreciar un riesgo de destrucción y de alteración de pruebas, de manipulación de testigos e incluso de mover posibles fondos ocultos.
El exdirigente del PSOE alegó que era víctima de una "presunción de indecencia" y pidió al TC que suspendiera la orden de prisión provisional "a la vista de la importancia de los derechos fundamentales en juego (derecho a la libertad, derecho a la integridad moral y derecho a no declararse culpable) y habida cuenta que en caso contrario haría del todo inútil e ineficaz un fallo estimatorio".
Además, Cerdán destacó que lo primero que hizo al conocer los indicios que pesaban sobre él fue renunciar al acta de diputado "a diferencia" de Ábalos. "Todo ello evidencia que el comportamiento que ha mostrado es del todo contrario a la tesis de la obstrucción del procedimiento", recalcó su defensa.
Como Cerdán presentó su recurso antes de que se activara la Sala de Vacaciones del TC, su queja la estudiará el Pleno, que retomará su actividad este septiembre.
LA ORDEN DE DETENCIÓN DE PUIGDEMONT
Asimismo, está previsto que durante el primer Pleno del nuevo curso judicial el TC estudie si admite o no a trámite el recurso de amparo que presentó Puigdemont contra la decisión del Supremo de no amnistiarle la malversación del 'procés', incluida la medida cautelarísima que solicitó para que se le levante su orden nacional de detención.
Puigdemont sostiene que el TS hizo una interpretación extensiva de las excepciones que contempla la propia ley para su aplicación, denunciando una clara "resistencia judicial" a la norma.
Solicitó como medida cautelarísima --sin escuchar a las partes-- que se le levantara la orden de detención, alegando que era "imprescindible" no solo "para garantizar la efectividad del recurso de amparo", sino porque "plantea una afectación inmediata y de imposible reparación del derecho fundamental a la libertad, con afectación directa al derecho a la libre circulación por todo el territorio de la UE, además del derecho a la participación política al tratarse de un parlamentario electo y en funciones".
El recurso de Puigdemont ha recaído en la magistrada progresista Laura Díez, mientras que los magistrados del ala conservadora César Tolosa y Enrique Arnaldo se ocuparán de los recursos de los exconsejeros Lluís Puig y Toni Comín, respectivamente.
JUNQUERAS Y LOS CONDENADOS DEL 'PROCÉS'
Al margen, el TC tiene que resolver si ampara o no al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y a los exconsejeros Raül Romeva y Dolors Bassa ante la decisión del TS de no amnistiarles la malversación. Los tres condenados consideran que se vulneraron sus derechos fundamentales.
El TC admitió a trámite sus recursos el pasado febrero y abrió pieza separada para estudiar la petición de que se les levante cautelarmente las inhabilitaciones que tienen vigentes: en el caso de Junqueras, hasta 2031; y en el de Romeva y Bassa, hasta 2030.
Si finalmente el TC accediera, quedarían rehabilitados para aspirar a cargo público hasta que se pronuncie sobre el fondo de sus recursos de amparo, según fuentes jurídicas. Sin embargo, las mismas subrayan que es "frecuente" que se pidan tales medidas, pero "rarísimo" que se concedan.
COMUNIDADES DEL PP Y DUDAS DE LOS TRIBUNALES
Antes de resolver sobre dichos amparos, el TC tiene previsto pronunciarse sobre los recursos de inconstitucionalidad que presentaron los gobiernos y asambleas de las comunidades autónomas lideradas por el PP, más la del Ejecutivo socialista de Emiliano García Page; así como sobre las cuestiones de inconstitucionalidad formuladas por el TS, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la Audiencia de Madrid.
Cabe recordar que el 26 de junio el TC avaló la ley de amnistía al concluir que la medida no está prohibida en la Carta Magna y descartar que se tratase de una "autoamnistía", como alegaba el PP en su recurso de inconstitucionalidad. La decisión se adoptó con los seis votos a favor de la mayoría progresista y los cuatro en contra de la minoría conservadora.
Aunque el TC deberá detenerse en las novedades de cada impugnación, tendrá como guía esta primera sentencia. Las fuentes consultadas calculan que el tribunal estará despachando asuntos relativos a la amnistía hasta el próximo año.
RENOVACIÓN PARCIAL Y NUEVO PRESIDENTE
En paralelo, está previsto que se produzca el debate sobre la sucesión de Conde-Pumpido como presidente del TC, toda vez que su mandato --y el de otros tres magistrados-- caduca en diciembre. Cabe recordar que el TC se compone de 12 magistrados, que debe renovarse por tercios cada tres años y que los magistrados son elegidos para mandatos de nueve años.
La renovación parcial prevista para diciembre corresponde al Senado, que deberá designar cuatro magistrados para sustituir a los salientes. En esta Cámara, el PP cuenta con mayoría absoluta, pero hace falta una mayoría de tres quintos, por lo que será necesario un pacto con el PSOE.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, manifestó en una entrevista a Europa Press que consideraba que el Gobierno quería continuar "controlando" el TC y "prolongar el mandato" de Conde-Pumpido, lo que supondría postergar la renovación fijada para diciembre.
No obstante, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aseguró días después en declaraciones a la prensa que el Ejecutivo intentará cumplir el plazo. "Y cada uno tendrá que responder si siempre ha cumplido la ley y siempre lo ha hecho en plazo", apuntó, en referencia al PP.
Además de Conde-Pumpido, también verán caducar sus mandatos la magistrada del bloque progresista María Luisa Balaguer y los magistrados del ala conservadora Ricardo Enríquez y José María Macías. Este último podrá repetir y extender su mandato nueve años --si es propuesto por el Senado--, dado que tomó posesión del cargo hace un año, en sustitución del magistrado Alfredo Montoya, que renunció por motivos de salud en julio de 2022.
Con la renovación, la composición actual del tribunal --siete progresistas y cinco conservadores-- podría verse afectada. La última vez que entraron cuatro nuevos magistrados la antigua mayoría conservadora --de seis frente a cinco-- dio un vuelco a una holgada mayoría progresista --de siete contra cuatro--.
Además, la renovación llevaría consigo la elección de un nuevo presidente del TC. En enero de 2023, resultó elegido Conde-Pumpido, quien formaba parte del grupo de magistrados que más años llevaba en el tribunal, una regla no escrita que se suele seguir. Según fuentes jurídicas consultadas, de momento no han empezado las negociaciones formales en el TC entre progresistas y conservadores.
