VALÈNCIA, 29 (EUROPA PRESS)
El tribunal ha dictado esta sentencia que ya es firme en aplicación del acuerdo de conformidad alcanzado por las acusaciones y la defensa en el juicio celebrado el pasado mes de junio, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en un comunicado.
La resolución judicial declara probado que la trabajadora realizó entre junio de 2017 y junio de 2019 hasta 41 transferencias bancarias por un importe conjunto de 114.774 euros en favor de cuentas de las que era titular en exclusiva o junto con su esposo, que era ajeno al fraude, simulando pago a la Agencia Tributaria.
Igualmente, libró hasta 50 cheques y pagarés al portador que hizo efectivos a su favor imitando la firma del administrador entre octubre de 2018 y junio de 2019. Su banco detectó posibles irregularidades en las transferencias y le pidió explicaciones, ante lo cual la acusada remitió un correo electrónico donde adjuntó diversos modelos de pagos a Hacienda para justificar los movimientos y una carta falsa del administrador de la mercantil donde éste respaldaba la operativa.
La propia empresa perjudicada ya le había llamado la atención por "diversas irregularidades" en el desempeño de sus funciones tras advertir que no cumplía debidamente con los encargos que se le hacían y ella decidió entonces solicitar la baja voluntaria.
Con posterioridad, en mayo de 2019, la empresa, ante los desajustes contables y fiscales existentes, encargó una auditoría interna que destapó el desfalco cometido. La sentencia declara a la acusada autora de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito de estafa agravada.
Además de los dos años de prisión, el tribunal le ha impuesto el pago de una multa de 1.620 euros y la obligación de indemnizar a la mercantil perjudicada en la cantidad defraudada, que asciende en total a 154.536 euros, más los intereses correspondientes.
