CONFEDERAL Y FEDERAL
Prolifera en estos días de campañas electorales la aparición del debate sobre lo confederal y lo federal. En este periódico son frecuentes las referencias (en artículos de Joaquín Manso, Leyre Iglesias, Rafa Latorre; en la entrevista a Juan Luis Cebrián de Maite Rico, etc.). La tesis general es que, a base de coleccionar disparates en las relaciones entre el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas del País Vasco y Cataluña, todo parece indicar que hoy somos más confederales que ayer, pero menos que mañana. Estamos así en vísperas de estrenar una España multinivel en la que seremos más felices, progresistas y transversales.
Es más: tendríamos el privilegio de dar una lección al mundo, que ha caminado por derroteros muy distintos: puede decirse que justo los contrarios. Porque los tales elementos confederales son un retroceso en la historia, y tendría gracia que los asumiéramos nosotros -con un Estado formado hace siglos- cuando los norteamericanos, en su hora fundacional, a finales del siglo XVIII, los descartaron expresamente. Ahí están como testimonio imperecedero los “papeles federalistas” de Hamilton, Madison y Hay. Como la preocupación máxima de estos próceres era crear, en el marco de una democracia y de un sistema respetuoso con la división de poderes, un gobierno activo y fuerte que no quedara a merced de los intereses “egoístas” de los Estados miembros, razonaron la necesidad de dotar a la república de los mejores y más engrasados mecanismos federales, con predominio inequívoco del todo sobre las partes. ¿Pretendemos dar lecciones jurídico-constitucionales a Estados Unidos?
¿O a Alemania? Para que se perciba su dispersión política, sepamos que a la Federación del Rin, a principios del siglo XIX, pertenecían 39 Estados. Cuando en 1871 Bismarck consiguió aprobar la Constitución del Imperio, los Estados eran 25 más Alsacia-Lorena, que se incorporó como “territorio imperial”. En Weimar (1919) los “Estados” desaparecen y aparecen los Länder, cuyo número se iría reduciendo sobre todo a partir de 1920, cuando siete pequeños Estados se fusionaron para formar el actual Land de Turingia. Siempre avanzando en el sentido de una reducción de los poderes territoriales.
Detrás de estos avatares históricos están los esfuerzos de muchos dirigentes políticos para formar un Estado que lograra abatir el cúmulo de pequeñas cortes, de minúsculos príncipes, de anquilosadas burocracias que no hubieran podido desarrollar la musculatura adecuada que la burguesía exigía para tomar el mando de una sociedad que estallaba por todas partes. Y que aún habría de estallar más cuando la industrialización administrara, ya con maneras decididas, su sacramento renovador e irresistible.
Hoy, la República Federal de Alemania, nacida en 1949, cuenta con 16 Länder para una población superior a los 83 millones. España dispone de 17 Comunidades Autónomas más Ceuta y Melilla para una población de 48 millones. En Alemania se ha ajustado varias veces el texto constitucional -dos en este mismo siglo- para lograr que todas las piezas actúen armónicamente bajo la dirección de la Federación (el Bund) y produzcan el milagro -infrecuente en Europa- de un país donde no existen movimientos separatistas preocupantes.
De manera que la marcha triunfal hacia la España confederal es un dislate de apreciable envergadura, por lo que produce un cierto desarreglo interior tener que explicar lo archisabido. La causa no hay que buscarla en la existencia de partidos nacionalistas/separatistas que van a lo suyo -para eso están concebidos-, sino en la existencia de un PSOE que ha acudido a ellos para ejercer el poder a pesar de haber perdido las elecciones, y cuya dirección está poblada por un crecido número de imprudentes y temerarios. Una imprudencia y una temeridad que además vienen bien batidas con la salsa pegajosa de una ignorancia espesa y desafiante que no soporta las enseñanzas de la historia ni la lectura de libros.
Paralelamente a esta alerta del peligro confederal observada en las citadas plumas periodísticas, se ha producido, también en este periódico, una apreciable propuesta firmada por Manuel Arias Maldonado. Sostiene este autor, si no le he interpretado mal, que la derecha española debe perder el miedo a las palabras y aceptar el modelo federal porque es el que, a la vista de lo desvencijado del patio nacional, mejor podría aliviar nuestras desventuras territoriales.
Comparto esta opinión, entre otras razones, porque vengo explicando el modelo federal alemán desde hace años, en varios libros y decenas de artículos aparecidos precisamente como tribunas de EL MUNDO (Estudio introductorio a ‘La trampa del consenso’ de Thomas Darnstädt, 2005; El Estado fragmentado con Igor Sosa, 2006, etc).
Mi objetivo ha sido siempre conseguir “que alguien picara” y se acabara enterando de las bondades de un sistema que ofrece los ingredientes apropiados para que un artefacto altamente descentralizado funcione expulsando de su seno los desvaríos y acogiendo la reflexión y las prácticas juiciosas. Todo ello admitiendo sus muchos defectos, que son bien visibles y de los que también me he ocupado (así en mi artículo Repaso al federalismo alemán, diciembre de 2020).
Ahora bien, para que la derecha pueda aventar lo que de inquietante tenga la palabra “federal”, es indispensable que sepa explicar en qué consistiría ese modelo acomodado a las singularidades españolas y a nuestro modelo constitucional. El trabajo no es difícil porque el Estado de la autonomías ya ha incorporado muchos de sus elementos, y además los líderes políticos tienen la ventaja -el privilegio- del altavoz. Como este hallazgo técnico facilita la transmisión del pensamiento, se trataría de utilizarlo, en lugar de para difundir la palabrería, manoseada y garrula, de los mítines de fin de semana, para explicar a un auditorio de personas adultas nociones elementales que aclaren, por ejemplo, cómo no se va a ninguna parte con el independentismo y el derecho a decidir, con la soberanía fiscal, con el entendimiento bilateral entre el Estado y una comunidad autónoma privilegiada, con las mesas paralelas al Parlamento, con los mediadores internacionales y todas las demás tumefacciones surgidas al calor de los pactos del actual Gobierno.
Se aprovecharía para explicar que, por más competencias excluyentes que existan, todas han de ser ejercidas en interés de la totalidad del Estado para “la creación de condiciones de vida equivalentes en el territorio federal o el mantenimiento de la unidad jurídica o económica” (expresiones que utiliza el artículo 72 de la Ley Fundamental de Bonn).
Y serviría para explicar que, de igual forma, debe existir la adecuada compensación entre los territorios sin que ninguno pueda liberarse de su obligación de contribuir a que el conjunto funcione con mutua solidaridad. Una comunidad autónoma tampoco puede entenderse con el Estado como si fueran dos poderes iguales; mucho menos extorsionarle como en nuestro caso hacen a diario los altivos y deslenguados socios del Gobierno. Y ello porque en un modelo federal existen foros compartidos donde se abordan los problemas comunes sin que nadie pueda alzar la voz a nadie y mucho menos ausentarse de forma displicente y maleducada de las deliberaciones sobre asuntos que a todos conciernen.
Ahora bien, no nos hagamos ilusiones. ¿Es todo esto verosímil? Mucho me temo que, al haberse roto las costuras del sistema entero por los partidos separatistas, a veces con la complicidad del Gobierno de España, va a ser muy difícil que el edificio constitucional se vea iluminado por la luz racionalizadora del principio de lealtad, que es el llamado a marcar el territorio de las buenas maneras y los confines más allá de los cuales vive el desconcierto y cunde la tropelía.
¿Un futuro institucional sano? Ibi semper est victoria ubi concordia est, la victoria está siempre donde está la concordia. Y en la España del muro es la discordia la que alza su proclama destructora.
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