MADRID, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -
Como ha explicado en rueda de prensa Celaá, se trata de un anteproyecto para la "prevención, detección y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves", por lo que para el Ejecutivo se aborda como una "cuestión importante" y que, al afectar a datos personales, se tiene que desarrollar a través de una ley orgánica. De acuerdo a esta directiva europea, los datos de los viajeros quedarán durante cinco años almacenados y en disposición de las autoridades competentes, como es el caso de Interpol.
Se trata de un proyecto europeo que generó controversia por el uso de los datos personales de los pasajeros. El Consejo General del Poder Judicial cuestionó el pasado mes de abril el texto planteado por el Ministerio del Interior cuando lo dirigía Juan Ignacio Zoido por la indefinición e interpretación excesivamente amplia de lo que la Policía puede hacer con los datos de los millones de ciudadanos que son usuarios de servicios aéreos.
La creación de un registro europeo de datos de pasajeros aéreos estaba bajo estudio desde 2007. La Eurocámara lo bloqueó durante años por el riesgo de que vulnerase los derechos fundamentales a la privacidad y a la protección de datos, pero se reactivó tras los atentados yihadistas en Francia y Bélgica. La izquierda europea vio en este proyecto una "falsa solución" basada en la "vigilancia masiva".
El ministro del Interior en 2016, Jorge Fernández Díaz, celebró la aprobación del PNR y su sucesor en el cargo, Juan Ignacio Zoido, aseguró en enero de 2018 que su intención era que se aplicara en España "antes del verano". Según este último, con esta directiva en vigor se podría haber detectado los viajes en avión como el que realizó a Marruecos el imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, el 'cerebro' del atentado de agosto de 2017 en Cataluña.
El PNR (siglas en inglés del Passenger Name Record) es un fichero de metadatos que ya utilizan otros países como Estados Unidos o Canadá para prevenir la entrada de yihadistas en sus fronteras. Las dudas sobre su aplicación llevó a presentar en 2016 al partido en el Gobierno, el PP, una enmienda a la Ley de Seguridad Ciudadana atendiendo a la necesidad de una infraestructura previa antes de que fuese aprobado por el Parlamento Europeo.
