VALENCIA, 29 (EUROPA PRESS)
Así se ha pronunciado este jueves en Valencia, durante la cuarta conferencia del ciclo 'La Policía Nacional y la Constitución Española de 1978', acompañada por la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, y la subdirectora general de Recursos Humanos y Formación de la Policía Nacional, Pilar Allué.
Durante la ponencia, Segarra ha resaltado el "despliegue" de la red de fiscales especialistas en materias como violencia de género o anticorrupción, espacios donde se han desarrollado operaciones policiales "con una dirección y coordinación del ministerio fiscal".
Bajo este prisma, ha apuntado que la "proximidad" de grupos operativos y fiscales delegados de esas especialidades permiten desarrollar "una especie de 'feedback'" que haga que las actuaciones sean "más eficaces" a la hora de intentar "resultados condenatorios en los tribunales".
También ha resaltado la "indignación" que provoca en los ciudadanos los comportamientos delictivos "especialmente sensibles", que exige que las instituciones "encarnen la indignación social como órganos constitucionales".
"No hay ninguna duda de que la corrupción política es uno de los problemas más graves que afectan a la sociedad en su conjunto, porque disminuye la confianza de los ciudadanos en las instituciones y deslegitima los principios básicos de las sociedades democráticas, lo que afecta al buen funcionamiento del estado derecho", ha aseverado Segarra.
De esta forma, ha resaltado la lucha contra la corrupción como "una de las mayores prioridades", porque supone la "ruptura de confianza entre gobernante y gobernado", y ha apoyado "decididamente" las actuaciones de la fiscalía anticorrupción y las unidades especializadas de la Policía judicial, al tiempo que ha destacado que "todas las estancias" del ministerio fiscal actúan "de manera decidida y contundente contra la corrupción; nadie puede poner en duda este hecho".
RESTAURAR EL DAÑO CAUSADO
Por otro lado, ha subrayado que la "prioridad" contra los delitos debe ser la "restauración del patrimonio dañado, del daño causado a la sociedad". "Es preciso lanzar un mensaje de que el delito no compensa", ha puntualizado Segarra, quien ha apostado por potenciar las investigaciones sobre blanqueo de dinero y por ser "más eficaces" logrando decomisos de ganancias procedentes de delitos.
"Estas actuaciones servirán para debilitar a las organizaciones criminales, que sepan que la ganancia del delito no queda al margen de la reparación de la sociedad", ha explicado.
MODELO "CASI AGOTADO"
Respecto al modelo de los fiscales, Segarra ha aseverado que el modelo con una "limitada capacidad investigadora" del fiscal está "casi agotado" y se ha decantado por "insistir en la brevedad", con una fase de investigación que "supere la reiteración y exhaustividad de las diligencias para evitar hacer una recopilación de pruebas válidas y estrictamente necesarias para decidir si procesa o no la apertura de juicio oral".
En la misma línea, ha indicado que esta investigación, bajo la dirección del ministerio fiscal, debe permitir "optimizar su flexibilidad organizativa" para la creación de equipos de trabajo especializados bajo "criterios uniformes de actuación", que se puedan aplicar "de forma coordinada" en diversos territorios, y den "una respuesta más eficaz frente a la delincuencia siglo XXI".
Asimismo, el juez de instrucción deberá colocarse "en el rol que le corresponde", en una posición de "verdadera imparcialidad" en el debate contradictorio entre defensas y acusaciones; y la acusación debe implicar un "filtro real" para la configuración del juicio.
Segarra ha apostado así por avanzar hacia un modelo que emplean "la mayoría de países americanos y europeos". "Hoy es el único admisible si el legislador se echa en manos de la lógica. Es un camino largo y no exento de complicaciones, pero por ello no puede ser aplazado más tiempo", ha sostenido.
