MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
Según ha explicado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en un comunicado, el objetivo de esta movilización es "trasladar a la sociedad el caos que atraviesa esta Administración, como consecuencia del abandono y la política errática" de los últimos gobiernos.
La huelga es el punto final a las dos semanas de paros parciales que anunciaron. Los funcionarios, según dice el comunicado, se quejan de los problemas existentes en la Administración, como retrasos, caso informático, falta de medios materiales y personales; mientras "los políticos se reparten la cúpula judicial y acaban con la independencia de este poder del Estado".
Con esto último hacen referencia al pacto del PP y PSOE para que el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena sea el próximo presidente del Consejo General del Poder Judicial (CPGJ) cuando aún no se han conocido quienes serán los vocales de esta institución, que, según la LOPJ, deben elegir al máximo representante del Poder Judicial.
MOVILIZACIÓN "FORZOSA Y DISCRECIONAL" DEL PERSONAL
Asimismo, también rechazan la reforma de esta ley --que se está ultimando en el Senado-- porque "abre la puerta a la movilización forzosa y discrecional del personal", destaca CSIF. Es la "gota que ha colmado el vaso", dice el sindicato, que entiende que las modificaciones de varios artículos "supone una flagrante vulneración del derecho fundamental a la negociación colectiva", ya que no se va a "atender a su especialización".
Por ello, en contra de esta normativa y para denunciar que "atenta contra los derechos laborales", los representantes de CCOO, CSIF, UGT y Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) entregaron este miércoles 30.000 firmas de "la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia de todo el territorio nacional", según informó el Sector de la Administración de Justicia de FSC-CCOO.
Este sindicato apostilla que la huelga de este viernes tiene lugar después de que el PSOE haya participado en la negociación para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sin tener en cuenta que el pasado 26 de julio "reiteraron" y "exigieron" a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que vetase las enmiendas de la proposición de ley.
