MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
El Gobierno ha rechazado ratificar el protocolo 16 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que establece la posibilidad de que los tribunales nacionales --en el caso español tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional-- pidan opinión al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) antes de emitir una sentencia que pueda entrar en conflicto con los derechos establecidos en el convenio europeo. El Ejecutivo recuerda que en España están protegidos los Derechos Humanos.
Así ha respondido por escrito el Gobierno de Pedro Sánchez al senador de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Joan Comorera sobre si en esta legislatura se van a iniciar los trámites para la ratificación de dicho protocolo, en vigor desde el 1 de agosto de este año. El senador por Barcelona registró el pasado mes de agosto un escrito en el que recordaba que el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, pidió al Ejecutivo esta ratificación después de que una decena de países, entre ellos Francia, lo hicieran.
Ribó remitió una carta a Sánchez instándole a la ratificación y le advirtió de que en caso contrario se crearía "una falta de garantías de derechos humanos" en España. Ante esto, el Ejecutivo ha explicado en su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, que si bien hay países que han decidido plasmar su firma, "no existe en la actualidad una opinión favorable" para que España siga esta senda.
Esta contestación, registrada el pasado día 26, también hace hincapié en que muchos otros Estados miembro del Convenio de Roma tampoco han ratificado el Protocolo, pues tal y como se acordó en la Conferencia De Brighton la firma es "opcional" para ellos. La decisión depende de las "características de sus sistemas judiciales, la compatibilidad con el funcionamiento de otros mecanismos o por otras razones técnicas de conveniencia sopesadas por los órganos implicados", añade el Gobierno.
VELAR POR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS JURISDICCIONES NACIONALES
Teniendo en cuenta esto, han considerado que "velan mejor por el funcionamiento del sistema de protección de los derechos humanos en sus jurisdicciones nacionales", apostilla el escrito, que continúa diciendo, en la misma línea, que "por lo que respecta a nuestro país, existen mecanismos que garantizan en un alto grado el cumplimiento de ese principio".
No obstante, el Gobierno espera que todo lo establecido en el Protocolo 16 "surta los efectos esperados de reforzar el principio de subsidiariedad y aligerar la sobrecarga de casos de ese Tribunal, facilitando la aplicación del Convenio en las jurisdicciones nacionales".
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