MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
Salamanca estuvo imputado en la pieza 1 de esta operación desde el principio, y pasó cinco meses en prisión provisional, al ser sospechoso de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y delito contra los ciudadanos extranjeros.
En este sentido, se le investigaba por su presunta vinculación con los negocios de Villarejo, así como por haber facilitado presuntamente la entrada ilegal en territorio español de empresarios guineanos a cambio de regalos durante sus años como comisario jefe del Puesto Fronterizo del aeropuerto de Barajas, en el que estuvo destinado entre junio de 2006 y enero de 2015.
Sin embargo, a mediados del pasado mes de julio el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 decidió sobreseer la investigación contra Salamanca, ya que aseguró que no existían "indicios racionales y objetivos" que determinaran su participación en estos delitos.
COHECHO Y PREVARICACIÓN
Anticorrupción no estuvo de acuerdo y decidió recurrir directamente ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que todavía no se ha pronunciado al respecto. Ahora, eleva una nueva petición al juez para que reabra la investigación "al haberse hallado con posterioridad al auto de sobreseimiento nuevos elementos incriminatorios contra Carlos Salamanca y que serían constitutivos de los delitos de cohecho y de prevaricación administrativa".
Según los fiscales del caso, "los avances en el análisis de la documentación en soporte papel y digital incautada en los registros practicados el pasado mes de noviembre permiten seguir ampliando las fuentes de prueba en todas las líneas abiertas en la presente investigación sobre las actividades delictivas de una organización incrustada en puestos de la cúpula del Cuerpo Nacional de Policía especialmente sensibles para la seguridad del Estado en los últimos quince años".
De este modo, Anticorrupción cree que De Egea habría "cerrado precipitadamente" esta investigación y que ahora, "con la aportación de nuevos y sólidos indicios", se debería dejar sin efecto el sobreseimiento, sin esperar, por tanto, a la resolución del recurso ante la Sala de lo Penal.
