Nuestro país obtiene mejores resultados que en años anteriores en lo que se refiere a la accesibilidad de nuestro sistema judicial. Se encuentra en las primeras posiciones en cuanto a las comunicaciones electrónicas entre profesionales y con los ciudadanos: información telemática sobre las características de nuestro sistema judicial, disponibilidad electrónica de sentencias, envío electrónico de demandas y otros escritos a los juzgados, así como transmisión telemática de citaciones y disponibilidad de sistemas de nuevas tecnologías en la gestión de tribunales.
Nuestro país obtiene la máxima puntuación en materia de comunicación con las partes, así como en la que se facilita a los medios de comunicación. Asimismo, sale muy bien valorado a la hora de ofrecer información a los interesados sobre la progresión de sus asuntos.
También son positivos los valores en cuanto a la asistencia jurídica gratuita, lo que se traduce en que incluso las personas con ingresos superiores al umbral de la pobreza marcado por Eurostat, acceden a este servicio.
En cuanto a la eficiencia de los sistemas judiciales, nuestro país progresa en los tiempos de respuesta judicial, que se reducen año a año. En este apartado, España mejora especialmente en asuntos administrativos, en particular en aquellos relativos a infracción en materia de propiedad intelectual, donde la duración de los procedimientos es de las menores de la UE y en vía judicial en materia de protección de consumidores.
El informe también recoge la elevada presencia de mujeres en los tribunales de primera instancia españoles con un porcentaje del 60%, si bien esta presencia se reduce al 34% en los tribunales de segunda instancia y por encima del 10% en el Tribunal Supremo, porcentajes estos últimos que se irán incrementando a medida que el elevado número de juezas que se encuentran actualmente en niveles intermedios vaya ascendiendo a las categorías superiores del escalafón. Por otro lado, somos uno de los Estados miembros con mayor presencia de abogados por cada 100.000 habitantes.
La Comisión Europea destaca asimismo las medidas objetivas adoptadas por España para la salvaguarda y garantía de la independencia de nuestra Justicia: existencia de garantías legales, régimen disciplinario, inamovilidad de los jueces, organización y gestión de los tribunales. Nuestro país ha mejorado en la percepción subjetiva de independencia de la Justicia por parte de los ciudadanos y las empresas, según el indicador de la encuesta de percepción del Foro Económico Mundial. En cualquier caso, hay que poner de relieve que el uso de encuestas de naturaleza subjetiva ha sido desde hace tiempo muy contestado en Bruselas por diversos países miembros.
Conviene resaltar por último que hay determinados indicadores que no han podido reflejar progreso por parte de España en 2016 en relación con años anteriores, debido a que dichos avances se miden por las reformas legislativas implementadas, que en nuestro caso no ha sido posible acometer debido a que el Gobierno estuvo en funciones a lo largo de prácticamente todo el ejercicio y por tanto, sin posibilidad de realizar actividad legislativa alguna.
