MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -
La primera fase de implementación de la Ley de Eficiencia entra hoy en vigor y, por ello, se constituyen Tribunales de Instancia en 14 de los 21 partidos judiciales de la Comunidad de Madrid. También hoy se constituyen 126 Oficinas de Justicia en los municipios (de los 158 Juzgados de Paz que tiene la Comunidad de Madrid), ha indicado el Ejecutivo autonómico.
El Gobierno regional presentó el recurso el 16 de mayo que ha sido admitido y ahora se ha formalizado la demanda. Censura que el Ejecutivo nacional no haya "evaluado el coste real de la aplicación de esta Ley, ni tampoco ha dotado a las comunidades autónomas de la financiación necesaria para llevarla a cabo".
"De acuerdo con las reglas que rigen el sistema de financiación autonómica el Estado está obligado, por el principio de lealtad institucional, a establecer mecanismos para evaluar el coste que supone la aplicación de medidas legislativas", insisten.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha lamentado que hoy se ponga en marcha la primera fase de la "mal llamada ley de Eficiencia" que se ha hecho "sin contar con el poder judicial ni con las comunidades autónomas".
Esta Ley, a su juicio, nace "sin la financiación necesaria para ponerla en marcha y sin el tiempo suficiente para implantarla con éxito". Sin embargo, el consejero ha recalcado que la Comunidad de Madrid es una administración "responsable" y no es "insumisos de la Ley". "Hoy ya son una realidad en nuestra región los primeros 14 nuevos tribunales de instancia y 126 oficinas de Justicia en el municipio, lo que antes se denominaban juzgados de paz", ha apuntado.
Por otro lado, García Martín ha remarcado que presentan la demanda del recurso contencioso-administrativo contra la Ley de Eficiencia por "la falta de medidas para su implantación" y ha exigido al Gobierno central que evalúe los costes reales y posibilite los instrumentos necesarios para resarcir económicamente a las comunidades autónomas. Según los cálculos de la Comunidad de Madrid, 43 millones de euros solo el primer año de implantación.
