MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha afirmado este martes que la legislación, tanto nacional como autonómica, que regula el uso del euskera en la Administración de Justicia en el País Vasco es "la adecuada" pero ha abogado por "avanzar hacia la normalización" de su uso.
Al responder a una interpelación del senador Jokin Bildarratz (PNV) en la cámara alta, Ruiz-Gallardón ha asegurado que la normativa estatal y la autonómica tienen el "compromiso compartido" de respetar y fomentar el uso de las lenguas regionales.
Según Bildarratz, la lengua vasca "no goza de una situación normalizada" en la Administración General del Estado ni, en particular, en la Administración de Justicia y, en este segundo ámbito, el derecho a elegir la lengua en la que se desarrolla el procedimiento judicial "no está garantizado".
El senador del PNV ha señalado que las autoridades españolas no están adoptando las medidas específicas que establece la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o Regionales para fomentar el uso de dichas lenguas en la Administración de Justicia y que el número de sentencias redactadas en euskera es "muy bajo", posiblemente cercano a "cero".
En este contexto, Bildarratz ha hecho referencia a la recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa en la que se insta a España a introducir los cambios necesarios en la formación del personal de Justicia para que conozca las lenguas regionales o minoritarias.
USO DE LAS DOS LENGUAS EN IGUALDAD DE CONDICIONES
El ministro ha subrayado que la legislación vigente es "adecuada, constitucional y conforme a la Carta Europea" y que la obligación del Estado es, más que tomar medidas para el "uso prevalente" de una lengua sobre otra, garantizar el uso del euskera y el castellano "en igualdad de condiciones".
Sin embargo, ha recordado la excepción que establece el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según el cual los jueces, fiscales y demás funcionarios y también las partes podrán usar el castellano y la lengua cooficial en cada comunidad autónoma en las actuaciones judiciales siempre que ninguna de las partes se oponga alegando que desconoce la lengua y que por ese motivo puede encontrarse en una situación de indefensión.
Por lo tanto, Ruiz-Gallardón ha insistido en que, si bien hay que proteger la "libertad" de poder usar la propia lengua, al mismo tiempo hay que garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva.
Respecto a la formación del personal, ha afirmado que el Ministerio "no ha planteado ningún reparo" al objetivo del Decreto de Normalización Lingüística de Euskadi que persigue que, en un plazo de 10 años, existan en la Administración de Justicia de esa comunidad autónoma alrededor de un 35 por ciento de puestos singularizados por el idioma.
El ministro ha admitido que el uso del euskera en la Administración de Justicia es inferior a su uso en otros departamentos de la Administración del Estado, pero ha dicho que "probablemente" tiene que ver con el bajo grado de permanencia de los jueces y fiscales en los destinos que se les asignan. No obstante, ha indicado que "lo que ocurrió ya no ocurre" y que "las razones que hubo" para que se diera esa situación "ya no las hay".
