MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha pedido este martes que se establezcan instrumentos para que los jueces puedan evitar que la publicación de informaciones periodísticas sobre causas judiciales concretas pueda vulnerar el derecho a un juicio justo u otros derechos fundamentales de imputados y acusados.
En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, Bravo ha asegurado que tiene "el más absoluto respeto" hacia el derecho a la información y los periodistas y que no propone una "censura" o establecer "límites" a la actuación de los medios de comunicación, cuya labor considera "fundamental".
Sin embargo, ha abogado por "buscar instrumentos" para que cuando, "de forma excepcional", se produzca una colisión entre el derecho a la información y los derechos fundamentales de acusados o imputados, el juez pueda "ponderar o valorar" si tienen que "primar" estos últimos.
En cualquier caso, la portavoz del CGPJ ha señalado la importancia de "distinguir entre la filtración y la información", afirmando que "la sociedad tiene que estar informada" sobre todos aquellos temas judiciales que tienen interés general. "Cuestión distinta", ha añadido, es "aquella información que sale de forma indebida de un proceso declarado secreto" y que además puede afectar a "derechos fundamentales".
FASES DE INVESTIGACIÓN DEMASIADO LARGAS
En este contexto, ha reclamado una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para modificar algunas normas vigentes actualmente, como que el secreto de sumario se pueda prorrogar de forma indefinida. Este hecho supone, a su juicio, "un grave problema" porque impide durante mucho tiempo que se conozca información sobre las investigaciones.
Además, Bravo cree que la fase de investigación tampoco se debe prolongar tanto porque eso "genera una grandísima indefensión" y aumenta el riesgo de que se divulgue información "indebidamente". "No puedes estar siete años impidiendo que la ciudadanía tenga conocimiento de qué es lo que pasa en una determinada causa que además está afectando a intereses generales", ha manifestado.
PERMISIVIDAD DEL SISTEMA RESPECTO A LA ACUSACIÓN POPULAR
La vocal del CGPJ también se ha referido a la reducción del ámbito de actuación de la acusación popular --aquella ejercida por ciudadanos que no son los ofendidos o perjudicados por el delito o falta-- en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impulsada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, impidiendo que sea ejercida por partidos políticos y sindicatos.
Según Bravo, la acusación popular "se diluye más bien poco" y lo único que se incorporan son "una serie de requisitos para evitar el uso de los tribunales de forma torticera o fraudulenta" o con el fin de satisfacer "intereses distintos" que no son el de impartir "recta e imparcial justicia". Por eso, considera que establecer "un cierto control" para evitar que eso ocurra es una medida "eficaz y bastante saludable".
La portavoz ha lamentado que España sea "el único país europeo que sienta en un banquillo a un señor con su abogado y enfrente le puede poner hasta 20" acusaciones. Esa "permisividad" del sistema español "no se entiende fuera de nuestras fronteras", ha agregado.
