JUGAR CON FUEGO
De nuevo, los tremendos incendios de este verano han pillado por sorpresa a nuestros políticos y a nuestras administraciones públicas. Ya ocurrió con la dana, que demostró de forma dramática que no tenemos administraciones ni dirigentes capaces no ya de prevenir, sino de reaccionar con eficiencia y rapidez frente a catástrofes de estas dimensiones. He comentado muchas veces que la falta de capacidad de prevención de nuestras administraciones públicas, que a estas alturas empieza a confundirse con la falta de capacidad, a secas, tiene muchas causas. La principal, a mi juicio, es la creciente politización y correlativa desprofesionalización y descapitalización. Los técnicos profesionales no es ya que cada vez pinten menos, es que cada vez son menos. Por el contrario, los políticos son cada vez más y se expanden hacia ámbitos que deberían estar reservados a los que tienen el conocimiento técnico necesario para decidir lo que hay que hacer en una catástrofe de estas características. La dirección política en estas situaciones extremas, en mi opinión, debería orientarse a facilitar y fomentar la mayor colaboración y coordinación entre todos los efectivos disponibles, así como en comunicar con rigor y seriedad la situación a la ciudadanía para que adopte las decisiones más convenientes en cada momento.
Por supuesto, en España todo esto es, en agosto de 2025, ciencia ficción. Lo que hemos vuelto a ver, con indignación creciente, es lo de siempre. Frente a unas administraciones autonómicas claramente desbordadas por la magnitud de los incendios (pensemos que se han quemado nada menos que 400.000 hectáreas de terreno, que equivale a la extensión aproximada de la isla de Mallorca) lo que hemos vuelto a comprobar -con algunas excepciones- es la relevancia del cálculo partidista cortoplacista. Lo importante parece ser que no es combatir los incendios con todos los medios a su alcance, utilizando de ser necesarias las herramientas jurídicas que existen en nuestro ordenamiento jurídico, sino quedar bien en la foto. Incluso literalmente, acudiendo al lugar donde se estaba produciendo el fuego. Como además estamos en agosto, la acusación de ser un vago o una vaga que está de vacaciones mientras su comunidad autónoma o España se quema, y los bomberos y la UME y los propios vecinos se juegan la vida para extinguir los incendios, era tan fácil de hacer que ningún político de ningún partido se ha resistido a la tentación. Al final, todos se han hecho la foto.
Como ya es habitual, a la confusión y el desconcierto inicial ha seguido el habitual cruce de acusaciones entre administraciones públicas a medida que los incendios avanzaban y se hacían más difíciles de atajar. La realidad de nuestro Estado es compleja, sin duda, pero no tanto que sea imposible discernir quien ostenta las competencias en cada momento y para qué. Otra cosa es que los políticos de todos los partidos (y, por supuesto, los medios de comunicación alineados con unos y con otros) hayan encontrado en la distribución competencial entre Estado y comunidades autónomas (CCAA) -muy desconocida para el gran público- un filón para eludir sus responsabilidades cuando vienen mal dadas. Ya pasó con la dana y, lamentablemente, ha vuelto a ocurrir ahora, quizá con menor intensidad, aunque no sé si más por agosticidad o por vergüenza torera (nunca mejor dicho dado que se ha acusado a los Gobiernos autonómicos del PP en gastar más dinero en toros que en bomberos). Una situación que contrasta con la rápida y eficaz puesta en marcha, sin demasiadas alharacas, del Mecanismo Europeo de Protección Civil que el Gobierno solicitó de la UE. Y es que la UE no tenía que hacer política con los incendios.
Pues bien, sin ser experta en la materia, lo primero que hay que reconocer es que incendios de esta magnitud se producen por muchos factores, algunos más fáciles de identificar y de prevenir que otros. No olvidemos que el origen muchas veces está en un descuido humano, o incluso un acto voluntario. La situación previa de limpieza del bosque es también muy relevante, así como la despoblación del territorio, el envejecimiento de la población o/y los usos a los que se dedica habitualmente el bosque. Se han realizado todo tipo de consideraciones sobre estos aspectos, que deberían tenerse en cuenta. De la misma forma, habría que analizar con cuidado si algunas políticas medioambientales públicas bien intencionadas o la excesiva burocracia han podido tener efectos contrarios a los pretendidos. Por otra parte, a estas alturas del siglo XXI ya sabemos que el cambio climático parece claro que va a provocar fenómenos metereológicos más extremos, entre ellos, olas de calor más intensas y prolongadas que pueden agravar enormemente la intensidad y la extensión de los incendios forestales.
En todo caso, podemos confiar en que contaremos con un diagnóstico razonable de los especialistas que analizando todos los factores de riesgo, permita orientar la adopción de medidas preventivas en primer lugar y a la construcción de las capacidades suficientes para combatir los incendios en segundo lugar. Porque si algo ha quedado claro es que actualmente no tenemos ni lo primero ni disponemos de lo segundo. En ese sentido, no les sorprenderá saber que faltan planes municipales y autonómicos de prevención de incendios forestales (previstos nada menos que en la Ley de Montes de 2003) y que el Gobierno tampoco ha aprobado unos criterios comunes para elaborarlos, aunque ahora parece que, 22 años más tarde, les ha entrado la prisa. Tampoco hace falta que subraye que, siendo la norma de 2003, el incumplimiento afecta a gobiernos de distintos partidos.
Por supuesto, la tentación será la de salir del paso (político) como se pueda, con algún comodín que suene bien, tipo acuerdo de Estado sobre mitigación y adaptación al cambio climático, sin adoptar medidas muy concretas que exigirían dinero -recordemos que seguimos sin Presupuestos en el Estado y en varias CCAA- esperando a que la gente se olvide de lo que ha ocurrido. Por empezar con el pacto de Estado, resulta bastante difícil de creer que pueda prosperar procediendo de un Gobierno que no ha sido capaz ni de presentar unos Presupuestos y que tiene continuas dificultades para aprobar leyes en el Parlamento, dado que sus socios de investidura no son socios de legislatura. Pero es que hablar de alcanzar pactos de Estado en una situación de extrema polarización y de extrema desconfianza entre los partidos políticos parece, sencillamente, una forma de ganar tiempo.
Más interés podría tener acordar medidas concretas de prevención que podrían llevarse a cabo en el marco de las competencias de cada administración, pero de una forma coordinada y colaborativa. Al final, como han demostrado estos días, los incendios no parecen estar muy al tanto de las fronteras autonómicas, como tampoco a los virus les preocupan demasiado que la distribución de la sanidad pública en zonas de salud. Ante una catástrofe de tal magnitud (o ante una pandemia como la del Covid-19), todas las administraciones son responsables de hacer lo que esté en su mano. Esto no es eludir responsabilidades ni mezclar competencias, como pretenden de forma interesada los políticos y algunos medios de comunicación: esto es, sencillamente, arrimar el hombro todos, como han entendido de nuevo los ciudadanos.
Lo curioso es que todo esto ya lo decía con mucha claridad la Exposición de Motivos de la Ley de Montes de 2003: “La ley designa a las administraciones autonómicas como las responsables y competentes en materia forestal, de acuerdo con la Constitución y los Estatutos de Autonomía. Al mismo tiempo, clarifica las funciones de la Administración General del Estado, fundamentadas en su competencia de legislación básica en materia de montes, aprovechamientos forestales y medio ambiente, además de otros títulos. En todo caso, opta con claridad por la colaboración y cooperación entre las administraciones para beneficio de un medio forestal que no entiende de fronteras administrativas. Por estos mismos motivos, se revitaliza el papel de las administraciones locales en la política forestal, concediéndoles una mayor participación en la adopción de decisiones que inciden directamente sobre sus propios montes, reconociendo con ello su papel como principales propietarios forestales públicos en España y su contribución a la conservación de unos recursos naturales que benefician a toda la sociedad”.
Pues eso. Como decían en los anuncios de la tele de mi niñez, si un monte se quema, algo suyo se quema. Que nuestros políticos no entiendan algo tan básico es otro motivo más para la desafección y la desconfianza ciudadana.
