MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
La Comisión de Justicia del Senado ha rechazado con el voto del Partido Popular las seis propuestas de veto presentadas por PSOE, Izquierda Unida, ERC, PNV y la Entesa contra el proyecto que reforma el Consejo General del Poder Judicial y se ha negado a suprimir la nueva figura de vicepresidente del Tribunal Supremo, tal y como pedían los magistrados.
El informe de la ponencia ha salido adelante por quince votos contra nueve para su debate en el Pleno de la próxima semana y ha sido aprobado con varias enmiendas transaccionales de las 332 iniciativas que han sido presentadas por los grupos a este proyecto de ley.
Los 'populares' han rectificado la propuesta que hicieron en el Congreso de los Diputados basada en crear una vicepresidencia común del Consejo y del Tribunal Supremo y han apostado por que cada órgano tenga su propio 'número dos'.
En todo caso, la vicepresidencia del alto tribunal podrá ser ocupada por cualquier magistrado del Supremo, con al menos tres años de antigüedad en el mismo, para "auxiliar a su presidente y facilitar el mejor y el más correcto funcionamiento de aquel en su quehacer diario", según ha indicado el portavoz del PP en el área de Justicia, Manuel Altava.
Esta idea ha generado un "ruido de togas" en el Supremo, en palabras del senador del PNV Jokin Bildarratz. Una amplia mayoría de magistrados suscribió ayer mismo un acuerdo solicitando al Parlamento que eliminara la figura del vicepresidente al verla "innecesaria" y poder "resultar perturbadora para el correcto cumplimiento" de las funciones que corresponden a este órgano judicial.
Actualmente, no existe un vicepresidente en el Tribunal Supremo y en ausencia del presidente actúa en esas funciones el magistrado más antiguo del órgano.
A instancia del Grupo Popular en el Senado y con el rechazo de los socialistas, se han aprobado varias enmiendas transaccionales relativas a la posibilidad de que el CGPJ ostente potestad reglamentaria para "desarrollar dentro del estricto respeto a los límites legales, los derechos y deberes que conforman el estatuto de los miembros de la Carrera Judicial, incluido el asociacionismo judicial".
El portavoz 'popular' Manuel Altava ha manifestado su satisfacción por el logro de "este importante acuerdo, alcanzado con la práctica unanimidad de los grupos de esta Cámara sobre uno de los aspectos más sensibles de la nueva regulación del Consejo General del Poder Judicial".
También se ha incluido la enmienda del PNV que permite al presidente del Consejo someter al Pleno y a la Comisión Permanente aquellas cuestiones que sean competencia de las mismas; así como la propuesta de CiU para que el Pleno proponga el nombramiento del presidente, vicepresidente, el secretario general y el vicesecretario general.
Al texto se han incorporado las iniciativas de los socialistas para que la Secretaría General cuente con un Servicio de Gerencia y el Promotor de la Acción Disciplinaria instruya los expedientes, pudiendo delegar en letrados que pertenezcan a la Carrera Judicial.
"ATAQUE" A LA INDEPENDENCIA JUDICIAL
La cuestionada creación de una vicepresidencia en el Tribunal Supremo apenas ha sido tratada por los portavoces parlamentarios, que han coincidido en que el proyecto del ministro Alberto Ruiz-Gallardón "debilita" el Consejo General del Poder Judicial y "ataca" la independencia judicial.
La oposición ha advertido de que el órgano de gobierno de los jueces no puede desarrollar su labor "en régimen de amateurismo" limitando la dedicación exclusiva a los seis vocales de la Comisión Permanente y ocasionando posibles "conflictos de intereses". El modelo contempla que el resto de vocales compatibilice su cargo con el ejercicio de su función jurisdiccional o su profesión.
Los grupos coinciden en que esta institución no puede quedar exenta del control parlamentario y se pregunta cuál es la razón por la que sus deliberaciones tengan, con generalidad, "carácter reservado" en contra de la necesaria transparencia.
No ven justificado que tres de los vocales deban ser necesariamente magistrados del Tribunal Supremo y que otros tres deban contar con una antigüedad superior a los 25 años de Carrera. En su opinión, estos requisitos rompen la proporcionalidad entre hombres y mujeres exigida por la Ley de Igualdad.
Los socialistas reconocen que la reforma ha de ser una oportunidad para corregir las disfunciones en las que han incurrido los diferentes Consejos, pero critican que el Gobierno la utilice como un medio para privar a este órgano de sus funciones básicas que solo conseguirá "la muerte del mismo".
El Grupo Mixto ha aprovechado sus propuestas de veto para denunciar el "intento de deslegitimación y asfixia económica" que el Gobierno ha emprendido contra las asociaciones de jueces, fiscales y secretarios judiciales, mientras que el senador del PNV Jokin Bildarratz ha reivindicado la creación de los Consejos de Justicia autonómicos.
El portavoz de Justicia del PP en el Senado, Manuel Altava, ha justificado el rechazo de su grupo a los vetos presentados en que el nuevo modelo "agilizará y simplificará" este órgano y el ejercicio del cargo a tiempo parcial dota a los consejeros de una mayor cercanía a la realidad social.
Tras esgrimir que diez ministros gestionan la política que afecta a más de 45 millones de españoles, Altava ha expresado que los debates del Tribunal de Cuentas, del Consejo de Estado o del Tribunal Constitucional tampoco son públicos y ha remarcado que la presidencia de la Comisión de Igualdad corresponderá a una mujer.
