MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, que es la que tiene que juzgar la presunta financiación de Batasuna a través de las 'herriko-tabernas' gestionadas por esta formación, permite que la representación letrada del más de centenar de responsables de estos locales pueda desarrollarse de forma individual, revocando una decisión anterior que les obligaba a compartir la representación letrada.
El tribunal ha admitido un recurso de pública presentado por las 'herrikos' contra una providencia que dictó el pasado mes de junio y admite la personación individual de los gestores de estos locales, que están encausados como responsables civiles subsidiarios en una causa que arrancó en 2002 y que concluyó con la decisión de Baltasar Garzón de procesar en 2008 a una cuarentena de personas, entre ellas al ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi.
Fuentes jurídicas han señalado este viernes que la resolución de este recurso supone de facto la reactivación de la causa, al ser uno de los últimos 'flecos' que quedaban por despejar antes de que se proceda al señalamiento del juicio.
RAZONES PODEROSAS
A la hora de cambiar de opinión sobre este asunto, con el visto bueno de la Fiscalía, la Sala ha valorado que las razones de economía procesal que estimó para obligar a todas ellas a ser representadas por un único abogado "no pueden prevalecer ante razones más poderosas, como son las derivadas del derecho de defensa.
Las 'herriko tabernas' alegaron "absoluta falta de vinculación" entre algunas de ellas. "Al ser el derecho de defensa el que ha de primar en primer término, no podemos compartir las alegaciones que realizan las acusaciones populares", señala la Sala, en referencia a la aplicación en este caso de las razones de economía procesal reguladas en el artículo 113 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
"La consecuencia de la estimación de los recursos es que cada letrado y procurador se tienen personados en nombre y representación de cada una de las entidades en cuyo nombre se hayan personado y, en su caso, interpuesto el recurso, llevando, por lo tanto, su defensa exclusiva", razonan los magistrados Ángel Hurtado, Julio de Diego y Enrique López, que son los que juzgarán el caso.
En el mismo auto, la Sala desestima otros recursos en los que los representantes de algunos de estos locales solicitaban la nulidad del propio auto de procesamiento dictado en su día por Garzón para que la causa fuera remitida de nuevo a instrucción, con el fin de practicar nuevas diligencias.
PROCESADOS
Entre los procesados por este asunto están importantes representantes de la organización ilegalizada como el ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi; el supuesto dirigente de la cúpula de ETA actualmente en paradero desconocido, José Antonio Urrutikoetxea, 'Josu Ternera'; o el coordinador nacional del partido, Joseba Permach.
El sumario 35/02, que investiga la presunta subordinación de Batasuna a ETA, se abrió a partir de la detención en abril de 2002 de 11 personas acusadas de desarrollar un plan de financiación ideado por ETA a través de los locales conocidos como 'herriko tabernas'. El juez decretó posteriormente el embargo de 75 'herrikos' y su administración judicial.
En enero de 2005 Garzón procesó por integración en ETA a 36 miembros de Batasuna. Sólo un mes después procesó por el mismo motivo a tres dirigentes más, los ex parlamentarios de Batasuna Joseba Álvarez, Joseba Permarch y 'Josu Ternera'. En junio de 2005 el juez Fernando Grande-Marlaska, en sustitución de Garzón, que disfrutaba de una excedencia en EE.UU., procesó en esta causa al portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi y al también ex parlamentario Jon Salaberria.
En el sumario constaban también como imputados otros históricos dirigentes como Juan Maria Olano, Marije Fullaondo, recientemente detenida y el secretario general del sindicato LAB, Rafael Díez Usabiaga.
PROCESO DE ILEGALIZACIÓN DE BATASUNA
Garzón decretó la suspensión de actividades de Batasuna en agosto de 2002 por un periodo de tres años, dentro del proceso penal. En marzo de 2003, el Tribunal Supremo decretó la ilegalización del partido político tras concluir el proceso correspondiente en la denominada Sala del 61 del alto tribunal. La suspensión cautelar de la formación ilegalizada finaliza precisamente el próximo día 17, fecha en que se cumplen cinco años de la citada iniciativa del magistrado.
El juez basó el procesamiento de todos los dirigentes de la formación en la tesis de que Batasuna no sólo forma parte de la organización terrorista ETA como brazo político, "sino como una estructura más del complejo político-violento diseñado para conseguir una finalidad concreta a través de la subversión y la alteración de la paz pública, cual es la autodeterminación de la denominada "Euskal Herria"".
