VALENCIA, 29 (EUROPA PRESS)
El procesado, quien ya contaba con antecedentes por abusos, aceptó en el juicio cumplir una pena de seis años de cárcel por estos hechos, pero estaba pendiente que el tribunal resolviera sobre la responsabilidad civil.
Al respecto, en el momento de la vista, el abogado de la Generalitat alegó que el Consejo no tenía responsabilidad en este asunto porque, pese a ser el titular del centro de menores, él no intervenía en los procesos de selección de personal. Así, estimaba que era obligación de la Fundación Diagrama --quien gestionaba el centro-- seleccionar o exigir las correspondientes titulaciones o acreditaciones a los empleados, además de efectuar una "mínima intervención" para acreditar la condición de las personas problemáticas.
Frente a estas alegaciones, el abogado de la fundación recordó que la Generalitat tiene en este caso responsabilidad, tal y como estipula el Código Penal. Según esta normativa --puntualizó en la vista-- cuando los centros son explotados por el Estado, las comunidades autónomas o los ayuntamientos, estos organismos tienen responsabilidad subsidiaria por los hechos cometidos por el personal.
Y el tribunal valenciano ha dado validez a estas últimas alegaciones, por lo que condena a la Generalitat como responsable civil subsidiaria. Asimismo, la fundación también figura como responsable. Ambas tendrán que abonar a las víctimas un total de 10.000 euros.
La Audiencia argumenta que entre la Generalitat y la fundación había un convenio firmado en el que se especificaba que los ingresos de menores se efectuarían "siempre" a través de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Valencia, siendo este órgano a quien competía la dirección y coordinación del centro.
Asimismo, se indicaba que el seguimiento en la ejecución de cada medida de internamiento le correspondía a la Dirección Territorial de Bienestar Social de procedencia del menor o joven, siendo ésta dirección la que en todo momento asumía la relación única con los órganos judiciales.
Y agrega que aunque en materia de contratación de personal laboral, el convenio indicaba que le correspondía a la fundación, "lo cierto" es que se añadía que la Dirección de Familia podría exigir a la entidad cuantos documentos precisara para verificar el cumplimiento de la legislación vigente.
LOS HECHOS
El procesado tiene unos 29 años y le constan antecedentes penales por agresión sexual --le figura una sentencia del 9 de diciembre de 1999, que se declaró firme en abril de 2000, que le condenó a un año y medio de prisión--.
Entre los meses de agosto y septiembre de 2002, el hombre trabajó como auxiliar técnico educativo en el centro educativo de menores 'Pi i Margall', ubicado en Burjassot. Estaba contratado al servicio de la fundación Diagrama, encargada de la gestión del centro, cuya titularidad corresponde a la Generalitat.
En esa época desarrollaba sus tareas en el turno de noche, y aprovechó que los menores ingresados permanecían en sus respectivas habitaciones para agredir sexualmente a tres de ellos. Lo hizo actuando con ánimo de satisfacer sus deseos libidinosos.
De esta manera, en el mes de septiembre, entró en varias ocasiones en la habitación de una de las interna, nacida en marzo de 1985, y le acarició los brazos y las piernas a cambio de ofrecerle y, en algún caso entregarle, lo que dijo ser cigarros de hachís o marihuana.
Posteriormente, a mediados del mes de octubre, entró en la habitación de otro menor que cumplía una medida de internamiento impuesta por un juzgado de Menores de Castellón y, a cambio de entregarle cigarrillos, le acarició en sus partes y le agredió sexualmente. En otra ocasión, entró en la habitación de otro interno del centro, nacido en julio de 1984, y comenzó a acariciarle una de sus piernas, aunque tuvo que cesar al negarse el menor a que prosiguiera con sus actos.
