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Iniciativa conjunta

Los colegios de abogados y procuradores de Madrid defienden la suspensión automática de vistas por enfermedad o fuerza mayor

04/11/2025
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El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y el de Procuradores de Madrid (ICPM) han presentado una iniciativa conjunta para garantizar la suspensión automática de vistas y plazos judiciales en caso de enfermedad o fuerza mayor del profesional.

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La propuesta incluye la creación del Registro Único de Incapacidades Profesionales (RUIP), con activación centralizada y verificación colegial, ha informado el ICAM en un comunicado, en el que destacan que el objetivo es "evitar riesgos de indefensión y garantizar los derechos a la tutela judicial efectiva, la conciliación profesional y la seguridad jurídica".

Los dos colegios tratan de impulsar un sistema normativo y tecnológico unificado que permita la suspensión automática de vistas, actuaciones y plazos procesales cuando un abogado o procurador se vea afectado por una imposibilidad sobrevenida debidamente justificada, como una enfermedad, accidente o fallecimiento de un familiar.

La iniciativa, entregada a los grupos parlamentarios y al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, contempla la creación de un Registro Único de Incapacidades Profesionales (RUIP), que permitirá activar con una sola comunicación la desconexión profesional temporal del letrado o procurador afectado, suspendiendo de forma inmediata las notificaciones electrónicas a través de LexNET y garantizando la paralización de todos los procedimientos en los que intervenga. "Esta propuesta responde a una necesidad real y urgente.

"La enfermedad o cualquier causa grave que impida ejercer la defensa no puede seguir suponiendo un riesgo de indefensión para la ciudadanía y queremos garantizar que, desde el momento de la comunicación médica, se suspendan automáticamente todos los plazos en cualquier juzgado y procedimiento", ha señalado el decano del ICAM, Eugenio Ribón.

El decano del ICPM, Alberto N. García Barrenechea, ha subrayado que es "inaceptable que, ante una causa de fuerza mayor, los profesionales de la abogacía y la procura deban iniciar una carrera contra el reloj, redactando escritos para cada órgano judicial. Lo que hoy se propone es justicia tecnológica: una herramienta que garantice derechos ya reconocidos por la ley, pero aún ineficaces en la práctica".

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