MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
Los secretarios de Estado de Seguridad y Justicia, Ignacio Ulloa y Fernando Román, respectivamente, se reunirán la próxima semana para estudiar las medidas propuestas para incluir en la reforma del Código Penal, cuyo borrador prevén tener listo para antes del verano, según han informado a Europa Press fuentes del departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón.
Ambos departamentos han mantenido posiciones contradictorias en los últimos días, en particular, en lo que se refiere a la persecución de la resistencia pasiva, considerada hasta ahora como un delito de desobediencia.
El titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, asegura que la reforma legal no afectará a este tipo de conductas, mientras que Interior apuesta por tipificar los comportamientos más graves de este tipo como un "atentado contra la autoridad".
Entre ellos, quiere imponer este delito a los manifestantes que "se encadenen por los brazos" para impedir ser desalojados por la Policía. Entiende que esta "resistencia pasiva" entraña una conducta equivalente a la "agresión contra el principio del orden y de autoridad" ejercido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
La postura de Justicia se basa en castigar únicamente las acciones que supongan agresiones contra bienes y servicios, salvaguardando siempre el derecho constitucional de manifestación.
PROPUESTAS DE LOS MINISTERIOS
Desde el Ministerio del Interior se apuesta también por considerar un delito de integración en organización criminal la convocatoria de actos violentos por Internet y las redes sociales. Su intención es ampliar a dos años la pena mínima de este delito para poder encarcelar cautelarmente a los autores.
Además, pretende incluir como delitos de desórdenes públicos los supuestos en los que se penetre en establecimientos públicos o se obstaculice el acceso a los mismos ampliando el tipo de daños con alteración del orden público a los daños que se produzcan por interrupción o perturbación de cualquier servicio público.
Por su parte, Justicia ha defendido la introducción de la prisión permanente revisable en el catálogo de penas para su aplicación "exclusiva" en delitos de terrorismo. Además, aprovechará para reparar un "error" en la penalización de los actos de 'kale borroka' detectado recientemente por la Audiencia Nacional.
Ambos departamentos ministeriales trabajan desde hace dos meses en la reforma del Código Penal. Las modificaciones podrían incidir en la Ley de Seguridad Ciudadana, que regula la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Fuentes del Ministerio dirigido por Jorge Fernández Díaz calculan que el Consejo de Ministros aprobará antes de verano el proyecto de Ley Orgánica de reforma parcial del Código Penal con la idea de que las Cortes Generales aprueben su tramitación en los meses de otoño.
