MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha presidido la constitución de la Comisión que se encargará de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El texto estará listo después del verano y, entre otras novedades, someterá a plazo el secreto de sumario y limitará el "uso indiscriminado" del ejercicio de la acción popular.
Los miembros de la Comisión, dirigida por el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, se han reunido a las 14.30 horas de este jueves en el Palacio de Parcent para comenzar a trabajar sobre el texto articulado que impulsará una "reforma integral" del proceso penal. Tras cinco meses de reuniones, el borrador será elevado al Ministerio de Justicia.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 2 de marzo la creación de esta Comisión con el fin de revisar "la vieja ley de 1882", que regula la investigación de los delitos y las faltas y que ha sufrido 65 modificaciones a lo largo de la historia, 47 de ellas posteriores a la aprobación de la Constitución.
"Las numerosas reformas introducidas nos han llevado a un sistema procesal penal parcheado, con grandes incoherencias internas que diariamente deben salvar nuestros tribunales con mejor o peor fortuna", entiende el Gobierno.
MAYOR CONTROL DE INTERVENCIONES TELEFÓNICAS
La nueva norma delimitará las atribuciones competenciales entre jueces y fiscales, instaurará la doble instancia penal, regulará el sometimiento a plazo del secreto sumarial, aumentará el control de las intervenciones telefónicas y clarificará el papel que debe cumplir en la investigación de los delitos la Policía Judicial.
Asimismo, el texto pretende clarificar la acción popular limitando su "uso indiscriminado" y regular con "mayor precisión" el ejercicio de la acusación particular. Sobre esta cuestión, el anterior ministro de Justicia, Francisco Caamaño, propuso limitar la acusación popular para sindicatos, partidos o administraciones públicas.
Busca también incorporar la doctrina que en materia de derechos fundamentales han sentado el Tribunal Supremo, el Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y abordar "con mayor precisión" la regulación del juicio por jurado, así como efectuar un revisión de los actuales supuestos de aforamiento y del sistema de ejecución de sentencias.
La vía penal acumula aproximadamente el 70 por ciento de la litigiosidad en España y es el único de los cuatro órdenes que no cuenta con una ley procesal actualizada.
