MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
Así lo ha trasladado dos de las 17 resoluciones aprobadas por la Cámara en relación con la última Memoria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), correspondiente a 2010, que Carlos Dívar presentó en el Parlamento hace una semana.
Con la oposición del grupo de la Izquierda Plural, la Cámara Baja ha dado luz verde al texto registrado por los 'populares' que insta al Consejo a colaborar con el Ministerio de Justicia para solucionar la pendencia y el "atasco" de asuntos que se acumulan en el Tribunal Supremo con la finalidad de que sus cinco Salas estén puestas al día para el presente año.
El partido que sustenta al Gobierno advierte en sus iniciativas sobre la alta tasa de asuntos pendientes en la jurisdicción Contencioso-Administrativa y pide al órgano de gobierno de los jueces que determine cuáles son las causas de la alta pendencia y el retraso en la solución de los casos.
En esta línea, el Pleno ha urgido a esta institución a emprender las medidas oportunas para garantizar un proceso sin dilaciones indebidas y que no se vulneren los derechos de los litigantes.
En similares términos, ha sido aprobada la propuesta suscrita por CiU que advierte del "leve deterioro" del estado de los órganos judiciales y sugiere a la institución de Carlos Dívar que proponga la creación de plazas de adscripción territorial. Con el voto en contra de la formación liderada por Rosa Díez, el Pleno ha acordado pedir al CGPJ un informe sobre el funcionamiento de los jueces de adscripción territorial y su impacto en la reducción de las cargas de trabajo.
IMPULSO DE LA MEDIACIÓN
A propuesta de los 'populares' y con el rechazo de la coalición de izquierdas y el PNV, el Congreso ha solicitado información sobre el número de acciones ejercidas contra los jueces por parte de la Administración cuando ésta es condenada a reparar daños como consecuencia de la conducta grave o dolosa de los miembros de la Carrera Judicial.
En el Pleno también ha prosperado otra de las medidas relacionadas con las responsabilidades que se pueden imputar a los magistrados por su conducta. Teniendo en cuenta las quejas de los ciudadanos por retrasos y anormal funcionamiento de la Justicia, los parlamentarios han pedido al CGPJ que adopte las medidas necesarias para que éstos asuman su responsabilidad.
Los grupos también han apremiado al Poder Judicial a agilizar el servicio acometiendo las "importantes" reformas procesales anunciadas por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón en materia de jurisdicción voluntaria y mediación. Ven fundamental promover medidas alternativas en la resolución de conflictos.
Ha sacado adelante la proposición transaccionada por el PP y CiU dirigida a implantar un nuevo sistema informático único para todo el ámbito judicial en aras de conseguir "al 100 por cien la interoperabilidad informática".
Asimismo, el Congreso ha criticado la "falta de inmediatez" de la Memoria presentada anualmente por el CGPJ y ha recomendado a agilizar su puesta en conocimiento de las Cortes.
OMITE LA NUEVA ELECCIÓN DEL CGPJ
Los nombramientos de los miembros del Consejo del Poder Judicial y de otros órganos judiciales que han incluido en su texto algunos grupos han fracasado durante el trámite parlamentario. El portavoz socialista de Justicia, Julio Villarrubia, ha dicho a los 'populares' que "mal han empezado" al rechazar su propuesta sobre la elección de los vocales por el Parlamento y ha tendido la mano para "reconducir la situación y frenar las graves contrarreformas anunciadas".
En su opinión, la designación de los vocales por y entre los jueces es "muy grave" puesto que rompe "unilateralmente" todos los consensos y las reglas del juego pactadas. Ha calificado de "trampa y engaño" que la nueva forma de elección aumente la independencia judicial.
"Muy al contrario, supone la total politización del Poder Judicial, con menos legitimidad democrática y hurtando a la soberanía popular, al pueblo español, la elección de un poder del Estado, pasándola a un grupo de unos 5.000 jueces y magistrados", ha indicado, para quejarse de que el PP no se haya "dignado" a llamar al resto de grupos para alcanzar un acuerdo.
El PP, que desde el Gobierno ya ha anunciado su intención de reformar este sistema para que los vocales del CGPJ sean elegidos mayoritariamente entre jueces, ha preferido no incluir este asunto en ninguna de sus once propuestas de resolución.
NO PIDE AUSTERIDAD AL CGPJ
Pese a la crisis económica, ha sido derrotada la medida del grupo de izquierdas que sugería rebajar los, a su juicio, "cuantiosos" y "superfluos" gastos de los que disfruta el Consejo de representación y recomendaba que fuera más austero en el presupuesto de sus órganos directivos.
En clave autonómica, tampoco han salido adelante las propuestas de resolución de los nacionalistas de CiU y PNV, los republicanos de ERC, Amaiur y del PSOE abogando por garantizar el uso de las lenguas cooficiales en la Administración de Justicia.
Durante su intervención, el diputado de ERC, Joan Tardá, ha cargado contra las "estupideces" de Dívar al comparar "deliberadamente" el catalán con la lengua mandinga y ha calificado como "agujero negro" la presencia de la lengua cooficial en la Administración de Justicia.
Las críticas de Tardá también se han dirigido a la Casa Real, que vive, ha dicho, "anclada" en una "mentalidad absolutamente retrógrada" al no tener su página web disponible en catalán, sino solamente en castellano e inglés "para parecer más moderna".
También han reivindicado el derecho de los ciudadanos a relacionarse en la lengua cooficial con la Administración de Justicia, el diputado de Amaiur, Iker Urbina, y el parlamentario del PNV, Emilio Olabarría, quien ha indicado que Dívar estuvo "poco fino" en su alusión a la lengua africana.