MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
El pleno del Tribunal Constitucional ha decidido revisar el artículo 16, apartados 2 y 10, de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, tal y como solicitó el Tribunal Supremo. De esta forma, el tribunal estudiará si el régimen de las operaciones vinculadas se ajusta a la Constitución en el régimen de infracciones y sanciones y en las obligaciones de documentación en la medida en que pueden contravenir la garantía de legalidad penal.
El planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad señala 18 motivos de ilegalidad de la regulación reglamentaria de las operaciones vinculadas y se apuntaba también que la regulación legal (artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades) podía ser contraria a la Constitución en diversos aspectos.
Con la admisión a trámite del recurso, se abre un proceso constitucional que puede durar varios años y que implica que la suspensión de la resolución del recurso, que contra los preceptos reglamentarios del régimen de operaciones vinculadas se sigue ante el Tribunal Supremo, hasta que no se dicte la sentencia constitucional.
Esto supone que durante años la regulación legal y reglamentaria de un régimen tributario tan importante en los últimos tiempos como es el de las operaciones vinculadas se encontrará bajo la sospecha de ser, a la vez, ilegal e inconstitucional.
Esta situación hace aconsejable una aplicación prudente, por la Administración tributaria, de la normativa impugnada. En los próximos días, podrán presentar las alegaciones que sobre la cuestión el Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulados Mercantiles de España, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Gobierno y el Ministerio Fiscal.
El Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulados Mercantiles de España planteó, a instancias del Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Barcelona y a propuesta del Registro General de Asesores Fiscales (REGAF), un recurso contencioso-administrativo ante el Supremo contra el Real Decreto 1793/2008 que modificaba el Reglamento del Impuesto de Sociedades.
En febrero de 2011 el Supremo admitió el recurso y acordó elevar la cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional alegando distintos motivos de inconstitucionalidad y de ilegalidad ordinaria.
