MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
El letrado Diego de Ramón reclama al Banco de España "la apertura de una nueva inspección de control, vigilancia rigurosa y exhaustiva" y advierte al organismo de que pedirá su responsabilidad patrimonial ante los tribunales en caso de que no cumpla con sus obligaciones y remita los resultados a la Justicia.
En concreto, el abogado considera que los responsables de estas dos entidades intervenidas por el Banco de España ocultaron datos contables, realizaron favores políticos, concedieron créditos sin garantías y cobraron comisiones ilícitas, entre otras irregularidades.
De Ramón acusa al organismo supervisor bancario de "dejadez" en su obligación de inspeccionar a las entidades financieras, al quedar acreditadas en sus informes de intervención las irregularidades contables, las indemnizaciones millonarias a sus directivos y la concesión de créditos sin garantía.
El abogado también ha enviado una carta al futuro presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la que le pide que "depure" a los responsables políticos del PP en las comunidades autónomas de Valencia y Murcia, que han mediado en las dos entidades y cifra en 6.000 millones de euros y entre 600 y 1.000 millones de euros las pérdidas provocadas en las dos comunidades, respectivamente.
PARALELISMO ENTRE LA CAM Y EL BANCO DE VALENCIA.
En este sentido, el letrado denuncia que "existe un fuerte paralelismo geopolítico" entre la CAM y el Banco de Valencia en la relación mantenida entre sus antiguos gestores y los responsables políticos de las comunidades autónomas de Valencia y Murcia.
En este sentido, De Ramón explica que los últimos presidentes de la CAM y Banco de Valencia, Modesto Crespo y José Luis Olivas, respectivamente, "salieron de la misa cocina política de designación y sin ninguna experiencia financiera".
Además, denuncia que ambas entidades participaron en los mismos proyectos inmobiliarios concediendo "macrocréditos" con "dudosas garantías" a promotoras como Grupo Polaris (1.000 millones de euros), Hansa urbana (300 millones de euros) y a Francisco Hernando 'El Pocero' (100 millones de euros). El abogado alerta del posible tráfico de influencias en las recalificaciones de terrenos.
Además, De Ramón pide que se investigue a las entidades tasadoras de los inmuebles, cuyos dictámines permitieron a las entidades "duplicar el volumen de negocio" como se demostró en la CAM, al crecer un 370% su cartera crediticia entre 2000 y 2008.
Por último, el abogado pide a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que asuma la responsabilidad de las cuotas participativas que la CAM vendía a sus clientes como si fueran un depósito, así como las elevadas comisiones que les imponían.
