DEMOCRACIA Y LEY
El pasado domingo vivimos el día más importante en una democracia, el día que legitima durante cuatro años el ejercicio del poder. El pueblo ha hablado, y delega su primigenia soberanía popular en sus representantes, algo que con sus defectos, es el mejor de los sistemas posibles hoy en día. España necesita un Gobierno que sea consecuencia directa de la voluntad de sus electores y no otra cosa. Ello no supone una descalificación de los gobiernos tecnócratas que han surgido en Grecia y en Italia, en última instancia están legitimados por los representantes de la soberanía popular, pero es obvio que al margen de la segura necesidad de su constitución, no es el estado normal de las cosas. En España hemos votado y hemos elegido a nuestros representantes. La valoración de los resultados de las elecciones, han sido celebradas y analizadas por expertos, y a ello me remito. Pero no puedo dejar de expresar un deseo personal, un anhelo que me ha mantenido firme y sereno durante los últimos años a pesar de las circunstancias. Este deseo consiste en este cambio suponga la erradicación, de una vez por todas del sectarismo, sectarismo que se produce cuando se deja de juzgar las ideas y las acciones por sus razones intrínsecas, sino y sólo por quién las mantiene, cuando se cierra filas siempre con los propios, aun cuando sostengan los mayores dislates, no aceptando nada del adversario, aunque se coincida en parte con él. El pluralismo político no es un valor privativo de los partidos políticos, es un valor proclamado por nuestra Constitución, que confiere un derecho a todos los ciudadanos, el cual es nada más y nada menos, que conformar tu pensamiento político con absoluta libertad, y sólo limitado por los propios principios que establece nuestra Constitución. No respetar al adversario o al que piensa de forma diferente al que ostenta el poder en un momento determinado, es negar, nada más y nada menos, un valor esencial sobre el que asienta la democracia, por más que para ello se acuda a trucos de mal prestidigitador. A ninguna opción política que ha ganado unas elecciones y mucho menos por amplia mayoría se le puede negar su legitimidad para desarrollar una política conforme a su postulados, principio y valores; pero no es menos cierto que ha llegado el momento de abandonar la política de “lo mío” y de “lo nuestro”, y empezar a pensar en los ciudadanos y en la sociedad, superando el sectarismo al que me he referido. Ha llegado el momento de reconstruir la confianza en las instituciones, tan vapuleadas en los últimos años, de que recuperen su prestigio, amén de su independencia en algunos casos. Algunas instituciones, y entre ellas se encuentra las que representan y administran la Justicia, se han mantenido firmes, y en la medida de lo posible, han superado el afán de algunos de someter todo a sus intereses políticos. Pero su prestigio está bajo mínimos, y todos debemos trabajar para recuperar ese prestigio, y sobre todo la confianza de los ciudadanos. Ha llegado el momento de recuperar y fortalecer el respeto y la independencia del Poder Judicial, de sus altos órganos, del Tribunal Constitucional, de los entes reguladores, y en definitiva, de todas aquellas instituciones que deben servir a los ciudadanos con neutralidad y con objetividad, sin convertirse en fincas de pastoreo para algunos. Lo mismo cabe predicar de las personas, ha llegado el momento de empezar a respetar a las personas, y de enjuiciarlas y criticarlas por lo que hacen, no por lo que algunos dice que son. Algunos hemos padecido en carne propia la ignominia del sectarismo, de la crítica descarnada e injusta, la crítica por lo que algunos decían lo que éramos, y no por lo que realmente somos, y por lo que hacíamos. En una democracia, es importante y vital para el sostenimiento del sistema, guardar un respeto permanente al todas las instituciones, al margen de quien las administre y por supuesto y sin lugar a dudas, a nuestra suprema institución, la Corona. En estos momentos cabe el riesgo de que algunos intenten ganar la legitimidad perdida por las vías de hecho, y esto sería imperdonable. Es de esperar que esto no sea así, y al contrario los demócratas siempre estemos al lado de la ley y de los cauces para su cambio. Las vías de hecho son actuaciones públicas colectivas, que en la actualidad se han convertido en un poder nuevo absolutamente contrario a las bases de un estado social de derecho, cuya máxima expresión es la ley y especialmente su cumplimiento. Hoy en día y sobre todo en España se están convirtiendo en modos normales que tiene alguna parte de la ciudadanía de protestar por lo que consideran situaciones injustas. Esto ni se debe ni se puede amparar. Democracia, ley, trabajo, y sobre todo responsabilidad, que tanta falta nos hace.
