MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
Un centenar de dirigentes de la izquierda abertzale, entre los que se encuentran el ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi y los históricos Rufi Echebarria o Joseba Permach se enfrentan a penas de hasta 12 años de cárcel en las causas que la Audiencia Nacional mantiene abiertas contra la organización ilegalizada y el entorno de la banda terrorista ETA.
La causa más importante que está pendiente de juicio, tras el anuncio de la banda terrorista del "cese de sus actividades armadas", es la que investiga la subordinación de Batasuna ETA y su financiación a través de las 'herriko tabernas' (sumario 35/02), que debe juzgar la Sección Segunda de la Sala de lo Penal.
En este procedimiento Otegi, Echebarria y Permach se enfrentan a 12 años de cárcel por un delito de integración en organización terrorista en grado de dirigentes. Además, la Fiscalía pide diez años de cárcel para otros 20 miembros de la formación ilegalizada y ocho más para otros 17 procesados en esta causa.
El procedimiento con un mayor número de acusados es el 4/08, que sentará en el banquillo a 43 miembros de la reconstituida Mesa Nacional de Batasuna, el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y Acción Nacionalista Vasca (ANV). Los procesados --entre los que se encuentran dirigentes de la izquierda abertzale como Pernando Barrena o Juan José Petrikorena, la alcaldesa de Mondragón (Guipúzcoa), Inocencia Galparsoro; o las ex diputadas Nekane Erauskin y Karmele Berasategui-- se enfrentan a diez años de cárcel por un delito de pertenencia o colaboración con banda armada.
La tercera causa contra las formaciones herederas de Batasuna que está pendiente de ser juzgada es la que se sigue contra D3M y Askatasuna, las organizaciones con las que la izquierda abertzale quiso presentarse a las elecciones vascas de 2009. En este caso la Fiscalía acusa a 13 dirigentes como la portavoz de D3M, Amparo de las Heras, o Arantza Urkaregi a entre siete y nueve años de cárcel.
OTEGI, PENDIENTE DEL SUPREMO
Arnaldo Otegi, líder de la izquierda abertzale durante el último alto el fuego de ETA, está en prisión provisional desde octubre de 2009 por su intento de reconstituir Batasuna a partir del proyecto 'Bateragune (Todos juntos)'. Su defensa ha recurrido ante el Tribunal Supremo la condena de diez de años de cárcel que la Audiencia Nacional le impuso en septiembre pasado a él; junto al ex secretario general del sindicato LAB, Rafael Díez Usabiaga.
También fueron condenados a ocho años de prisión Miren Zabaleta, hija del coordinador de Aralar, Patxi Zabaleta; Sonia Jacinto, ex tesorera del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV); y Arkaitz Rodríguez. A todos se les condenó por constituir un "órgano de construcción del polo soberanista bajo el control de ETA".
OTRAS INVESTIGACIONES
Además, el juez Fernando Grande-Marlaska instruye una causa contra los abogados Jon Enparantza, Arantza Zulueta e Iker Sarriegui y otras seis personas por actuar como enlaces entre la dirección de ETA y sus presos e intermediar en la gestión y cobro del denominado 'impuesto revolucionario'.
Este magistrado también tiene abiertas dos causas contra las últimas direcciones de EKIN, el brazo político de ETA; otra contra SEGI, en la que 26 personas permanecen encarceladas; y un procedimiento contra los dirigentes de Askatasuna.
Por su parte, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, investiga a cinco miembros de Askapena a los que procesó como miembros del aparato internacional de la banda terrorista ETA.
