MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
Una delegación de "observadores internacionales de derechos humanos" de Canadá ha acudido este martes a la Audiencia Nacional a presenciar el juicio contra cuatro presuntos integrantes del 'comando Madrid' de la organización terrorista ETA y ha solicitado el retorno a este país de uno de ellos, Iván Apaolaza, porque sospecha que las pruebas en su contra se han obtenido bajo torturas.
El colectivo 'Liberte pour Iban' se ha opuesto desde 2008 a la deportación a España de Apaolaza, quien residió anteriormente en territorio canadiense. Este grupo de Montreal argumenta que el material probatorio contra su exvecino se basa en la declaración de la terrorista Ana Belén Egües, quien ha alegado haber sufrido malos tratos en sede policial.
La Audiencia Nacional ya condenó a la miembro del 'comando Madrid' y la que fuera portavoz del colectivo de presos etarras Ana Belén Egües a 1.042 años de cárcel, que fue detenida el 6 de noviembre de 2001 gracias a la ayuda prestada por un "ciudadano ejemplar anónimo" que siguió el vehículo de los terroristas, según señaló en una sentencia dictada en octubre de 2005.
Esta delegación se ha puesto en contacto con la Embajada de Canadá en España solicitando que envíe a "sus propios observadores y que se oponga a la utilización de la tortura", a pesar de que España ya es miembro del Comité contra la Tortura del Consejo de Europa y cuyos representantes están legitimados para visitar las cárceles españolas.
Sin embargo, la delegación no ha podido escuchar por la falta de audio el testimonio del médico forense que ha dejado claro, según la fiscal, que no constató que Egües sufriera malos tratos en sede policial. A pesar de la publicidad que debe regir el proceso penal, el testimonio de este facultativo así como los de los peritos apenas han podido ser escuchados por el público y por los periodistas ante la falta de sonido.
PLANO DE MADRID CON POSIBLES OBJETIVOS
Un grupo de peritos ha constatado este martes en la Audiencia Nacional que los cuatro acusados de formar parte del 'comando Madrid' de la organización terrorista ETA tenían a su disposición "dossieres" con información sobre algunos de sus posibles objetivos, entre los que se encontraba el consejero del Tribunal de Cuentas Paulino Martín, el exdirector del Gabinete de la Presidencia de la Moncloa Carlos Aragónes, el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno y dos concejales del Partido Popular de Madrid.
La fiscal Ana Noé ha elevado a definitiva su petición de 1.015 años de cárcel para el presunto responsable del grupo, Juan Antonio Olarra Guridi,y las penas de 65 años de prisión para Gorka Palacios, de 30 años para Ivan Apaolaza y de 20 años de cárcel para Oier Goitia por delitos de depósito de armas y explosivos, estragos terroristas, un asesinato en grado de conspiración y 95 asesinatos terroristas en tentativa.
Durante el juicio, que ha quedado visto para sentencia, un grupo de peritos ha revelado que los terroristas poseían documentos no encriptados sobre "personales públicos" así como un plano de la ciudad de Madrid que colgaron en la pared de un piso de seguridad de Salamanca. En este mapa, en el que se encontraron las huellas de Apaolaza, marcaron los objetivos y el recorrido que frecuentaba el secretario general de la Policía Científica Juan Junquera.
Todos ellos están acusados de integrar el grupo autodenominado 'Buro Ahuste' que perpetró el atentado frustrado contra Junquera que causó 95 heridos en Madrid. El 6 de noviembre de 2001, el comando colocó un coche-bomba con 30 kilos de dinamita a la altura de la calle Corazón de María, esquina Cardenal Siliceo, a pocos metros del vehículo de Junquera. Los peritos han detallado que también se encontraron huellas de los acusados en una "guía con cargos públicos de la Comunidad de Madrid" y "una tranca verde".
La defensa de varias víctimas del atentado cometido en la calle Corazón de María ha solicitado una sentencia condenatoria para los cuatro procesados, que buscaban no sólo atentar contra el alto cargo sino también "sembrar el pánico y el terror dentro de la población". "Podrían haber causado una matanza. Este atentado fue un verdadero horror. Pedimos una sentencia condenatoria que pueda poner paz a su alma", han dicho los abogados, en referencia a los damnificados en el ataque terrorista.
Finalmente, la defensa de los acusados ha solicitado a la Sección Tercera de lo Penal que anule las pruebas halladas en el registro del piso que el comando tenía en Salamanca porque se efectuó "sin la debida autorización judicial y sin la presencia de los detenidos". Tanto la representante del Ministerio Público como la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) han subrayado que este registro fue "absolutamente legal y legítimo".
