El tribunal considera probado que en los primeros meses de 2002 el jefe militar de ETA integraba el comando Olaia de ETA junto con Idoia Mendizábal y Asier Arzalluz. El comando utilizaba como lugar de refugio un piso alquilado por Gorka Martínez, cuyo testimonio prestado ante la Ertzaintza ha servido de prueba de cargo para la condena.
Los miembros del comando Olaia decidieron poner una bomba al paso de Cabezudo, y de su escolta, en el marco de una campaña que ETA emprendió en aquel momento contra representantes municipales de los partidos políticos que ellos tachaban de "españolistas".
Después de comprobar los trayectos que la víctima solía realizar y tras intentarlo sin éxito los días anteriores, el 28 de febrero de 2002 colocaron un artefacto de 20 kilos de titadyne en un carrito de la compra, en un lugar de paso obligado para acceder al ayuntamiento. La bomba la accionaron con mando a distancia a las 9.10 h "y no llegó a alcanzarles de lleno porque aquella mañana, a diferencia de otros días, la Teniente-Alcalde y su escolta utilizaron la acera contraria a aquella donde habían colocado el carrito".
El tribunal considera probado que el comando Olaia venía actuando en la zona del País Vasco donde se produjo el atentado y que estuvieron alojados en el piso de Gorka Martínez entre enero y abril de 2002.
Gorka Martínez describió ante la Ertzaintza a los tres miembros del comando y declaró haberles oído decir que "no era el lugar en que había que colocarlo, en referencia al artefacto contra la teniente de alcalde. Este comentario que concuerda con la realidad, pues no lograron su objetivo, es propio de quien ha intervenido en su colocación, y que por eso valora que el lugar resultó inadecuado", dice la resolución.
La Sala también ha tenido en cuenta un documento incautado en Francia a Ibon Fernández Iradi, alias Susper. Esa carta, escrita a máquina y que comienza con la palabra carrito, en euskera, da cuenta de los hechos enjuiciados.
PRIMERA CONDENA EN ESPAÑA
Esta condena a 377 años de prisión es la primera dictada en España contra el jefe militar de ETA después de que la Audiencia Nacional le absolviera el pasado 30 de junio al no hallar pruebas de que participase en el intento de asesinato del presidente del Consejo de Administración del Grupo Correo, Enrique Ybarra, que se produjo el 17 de enero de 2002.
El tribunal consideró entonces que las pruebas esgrimidas por el fiscal, que solicitaba una condena de 15 años de cárcel, no eran suficientes para demostrar su participación en estos hechos.
En concreto, el fiscal Pedro Rubira defendió como principales pruebas una pericial de inteligencia según la cual el atentado fue cometido por el 'comando K-Olaia', al que pertenecía el ex jefe militar en el momento de los hechos, y los restos biológicos del acusado que fueron encontrados en la vivienda que ocupaban los integrantes de este grupo. Para el tribunal, "el único resultado objetivo e inequívoco" de estas diligencias es la "estancia del acusado" en esa vivienda. Fuente: Europa Press
