En su conferencia inaugural de las Jornadas sobre Prensa y Medios de Comunicación celebradas este lunes en la Audiencia Provincial de Alicante, Gabriela Bravo ha incidido en algunos de los factores que han contribuido a "conformar una imagen distorsionada de la justicia", entre los que ha resaltado el papel de los medios y de algunos políticos que, en algunos ocasiones, "desarrollan juicios paralelos que condicionan la imagen y la valoración que la opinión pública" tiene sobre la justicia.
Así, Bravo ha reconocido que "afortunadamente los políticos suelen ser respetuosos con el poder judicial", pero se producen "algunas excepciones" en aquellos procedimientos que afectan a responsables políticos.
"Hemos podido ver que determinadas resoluciones judiciales se interpretan, ya no solamente desde el punto de vista de la crítica sino que a veces esa crítica lleva también implícito un ataque a la propia institución", ha lamentado.
Al respecto, ha recordado "cómo el Tribunal Supremo se le calificado como un Tribunal Supremo anterior a la democracia" y "cómo a determinados poderes judiciales y a determinados jueces, por dictar determinadas resoluciones también se les ha venido a advertir de que quizá necesitarían una cierta democratización".
En estos casos, ha considerado que a los políticos se "les debería exigir un plus", de modo que puedan "mostrar su disconformidad, porque como ciudadanos tienen derecho", pero también sepan "encontrar el límite entre dónde está la crítica a la resolución judicial y el ataque a la institución".
La portavoz del CGPJ ha insistido en la necesidad de que "en el ámbito político se parta de un absoluto respeto para el ámbito judicial, y partiendo de este absoluto respeto con las resoluciones judiciales, se critiquen las resoluciones judiciales".
Esta crítica no debe aplicarse, según ha dicho, "al propio representante del poder judicial que está ejerciendo esa resolución, o se le someta constantemente a escarnio público por el hecho de haber dictado una determinado resolución".
Así mismo, ha opinado que "todos estos ataques desmedidos por el hecho de que determinadas resoluciones judiciales no vienen a justificar o defender sus intereses políticos por parte de los representantes políticos, encierran de alguna forma una gran deslealtad con las instituciones del Estado de Derecho".
Por ello, ha mostrado su disposición de "impedir" estos ataques con el objetivo de que las instituciones "funcionen y se goce de ese respeto por parte de los ciudadanos".
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
De igual modo, en su intervención se ha referido también al perjuicio que provocan determinados medios de comunicación que pretenden, "ya no solamente informar, sino en ocasiones sustituir la propia función de los tribunales, y tratan de opinar sobre los procesos de marcar su desarrollo de fijar la propia actividad probatoria, y desarrollando juicios paralelos que, de alguna forma, condicionan la imagen y la valoración que la opinión pública tiene sobre la actuación".
Gabriela Bravo ha lamentado que los medios de comunicación han contribuido también a "esta percepción distorsionada" al haber dado "con sus focos mucha más luz a las deficiencias y fallos que a los avances y al papel tan positivo de la justicia". Estos medios de comunicación además "están trasladando una función jurisdiccional y realizando fuera del ámbito que le es propio", según ha añadido.
"Causa una cierta perplejidad y a veces un cierto desasosiego las valoraciones judiciales que se realizan con absoluto desprecio de las instituciones del Estado, o de las propias argumentaciones jurídicas", ha comentado.
Así mismo, a preguntas sobre la publicación en los medios de comunicación de sumarios sometidos al secreto de sumario, como ha ocurrido en los casos Gürtel y Brugal, ha recordado que "los límites los marca la Ley para garantizar un proceso justo al propio imputado y para proteger la presunción de inocencia".
Por eso, "cuando hay un auto o una resolución judicial que justifica y argumenta por qué un procedimiento tiene que ser secreto, y no obstante, al margen de lo que establezca la resolución judicial y con absoluto desprecio, se dan informaciones adquiridas además de una forma ilegal, porque hay un juez que ha dicho que no se puede informar sobre eso, y se lo está diciendo a las partes, a los ciudadanos, al ministerio fiscal y a todos los que forman parte, entiendo que lógicamente no es admisible".
Por otra parte, interrogada por la próxima reforma del proceso penal, ha recordado que es el borrador de anteproyecto aún no ha llegado al CGPJ, pero a título personal, ha opinado que una regulación "es necesaria" y "se viene demandando desde hace muchísimo tiempo, tanto desde el punto de vista la eficacia como de las garantías sería importantísimo un cambio en el marco del proceso penal". Fuente: Europa Press
