En un desayuno informativo organizado en Madrid por el Club Internacional de Prensa, Margarita Robles ha subrayado que la renovación del alto tribunal es "una exigencia constitucional" y una "responsabilidad" de los grupos parlamentarios y ha lamentado que "la imagen final" que llega a los ciudadanos es que cada partido "intenta colocar al suyo".
A su juicio, la "sombra de duda" sobre la independencia de los magistrados recae sobre los cerca de 5.000 jueces que realizan diariamente un trabajo "serio y callado" en sus respectivos órganos jurisdiccionales. Con todo, ha subrayado que los magistrados elegidos para componer el Constitucional actúan con "ética y dignidad" y con arreglo a la legalidad vigente. "Otra cosa es que el derecho es muy opinable", ha remachado.
En concreto, la vocal del órgano de gobierno de los jueces se ha referido a las decisiones adoptadas por el Tribunal Supremo y por el Tribunal Constitucional sobre la presencia de Bildu en las pasadas elecciones municipales y forales. Ha rechazado presentar los fallos discordantes como "una guerra entre tribunales" y ha defendido que se ha fraguado un complejo "debate jurídico" en estas instancias.
RECHAZA UNA "GUERRA ENTRE TRIBUNALES" POR BILDU
Robles, que considera que la "judicialización de la vida política nunca es buena", ha hecho también alusión a las enmiendas sobre la instrucción del proceso penal incluidas en el proyecto de ley de agilización procesal, y que fueron retiradas por parte del Grupo Parlamentario Socialista.
Ha defendido que el CGPJ ha actuado con "absoluta responsabilidad y serenidad" y que vio con "preocupación" la reacción de la Fiscalía, "cuestionando el papel" del Consejo. Robles ha confiado en que el proyecto de ley de agilización procesal sea tramitado por el Senado el próximo 30 de junio.
Ha apuntado que cuatro de los vocales del CGPJ se reunieron con el presidente del Gobierno, el líder de la oposición y los diferentes grupos parlamentarios para pedirles situar como una "prioridad" a la Justicia. Ha indicado que este organismo recogió las reivindicaciones que les transmitieron la Sala de Gobierno del Supremo y los jueces de instrucción para limitar los recursos y agilizar la Administración.
La vocal del CGPJ, que se ha mostrado partidaria de limitar el tiempo del secreto sumarial, ha defendido que la ley de agilización procesal no merma los derechos de los ciudadanos. "El derecho a la tutela judicial efectiva no es a tener 50 millones de recursos", ha añadido. Fuente: Europa Press
