"No apostamos por leyes mordaza, pero sí es necesario que el legislador fije instrumentos para determinar en qué momentos determinada información tiene que quedar excluida, y establecer en su caso las distintas responsabilidades", ha señalado la portavoz en el marco de un encuentro con periodistas organizado por la Asociación de Comunicadores Jurídicos (ACIJUR).
Bravo respondió de este modo al ser preguntada por la polémica suscitada tras la presentación de unas enmiendas al Proyecto de Ley de Medidas de Agilización Procesal, posteriormente retiradas por el PSOE, que afectaban de forma concreta al sistema de recursos del proceso penal y al secreto de sumario.
"Es una pena que la Ley de Enjuiciamiento Criminal no vea la luz en esta legislatura porque lo ideal hubiera sido la configuración de un nuevo modelo de proceso penal donde quedaran bien delimitadas las funciones del fiscal, de la policía y del juez", ha asegurado Bravo.
La portavoz del CGPJ ha insistido en separar el contenido de las enmiendas con las sugerencias que se realizaron desde el órgano de Gobierno de los jueces por la comisión nombrada a tal fin, que integraban el vicepresidente del Consejo, Fernando de Rosa y los vocales Margarita Robles, Manuel Almenar y José Manuel Gómez Benítez. "La enmienda tal y como estaba no coincidía con los términos propuestos desde el Consejo", ha insistido.
Bravo ha reconocido que "la letra" de las enmiendas -que establecía, entre otras cuestiones, que debía ser el juez el que diera su aprobación a la publicidad de los escritos presentados por las partes- "asusta un poco", si bien por encima de esta consideración insistió en la necesidad de reordenar el secreto sumarial.
"Si no somos capaces de mantener esa situación ideal que es el ejercicio de nuestra responsabilidad tanto los que estamos en el marco de la administración de justicia como los profesionales de la información tendrá que ser el legislador el que intervenga, y lo tiene difícil, porque las pautas ya las ha marcado el Tribunal Constitucional".
"¿Por qué el juez debe estar sometido a esa presión mediática y social que muchas veces va más allá de la mera crítica a determinadas resoluciones judiciales que son entendibles en cualquier sociedad democrática? El momento actual ha encendido un piloto rojo, y nos hemos planteado qué es lo que tenemos que hacer", ha afirmado.
ACUERDO DEL PLENO
El Pleno del CGPJ, al aprobar su dictamen al Anteproyecto de Ley de Medidas de Agilización (que sólo afectan a las jurisdicciones civil y contenciosa), incluyó un documento anexo en el que señalaba la "conveniencia y necesidad" de incluir medidas que afectaran también al ámbito penal, que supone el 70 por ciento de los procedimientos que entran en los órganos judiciales.
En dicho documento, al que ha tenido acceso Europa Press, se señalaba que "la transparencia y la seguridad jurídica se verían muy fortalecidas si se abordara en el mismo texto (...)la mejora de la regulación legal del secreto de las actuaciones penales".
El anexo añadía que "es, efectivamente, urgente agilizar la instrucción de las causas por delito y la revisión de las resoluciones de los instructores mediante una reforma del sistema de recursos que, sin perjuicio de las garantías procesales, evite la reiteración de las mismas peticiones en diferentes recursos y fases procesales ante el mismo o diferente órgano judicial". Fuente: Europa Press
