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Archivada una denuncia contra el Gobierno por supuesto bloqueo en el nombramiento de magistrados del TC

07/06/2011
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El Tribunal Supremo ha archivado, "por no ser los hechos denunciados constitutivos de ilícito penal alguno", la denuncia que el pasado mes de diciembre presentó la Asociación Preeminencia del Derecho contra el Gobierno por "bloquear" el nombramiento en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de los cuatro magistrados que fueron designados por el Senado para renovar el Tribunal Constitucional.

La asociación, presidida por el abogado José Luis Mazón, pedía al Supremo que solicitara al Ministerio de Presidencia la identificación de "la autoridad responsable" de la no publicación en el BOE del nombre de estos jueces, que fueron designados por el Pleno del Senado el 1 de diciembre de 2010 después de tres años de retraso y que todavía no han podido tomar posesión de su cargo.

En su denuncia, la Asociación Preeminencia del Derecho estimaba que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación o "de dictado de acto o resolución patentemente arbitrario" del que responsabiliza al Gobierno por "paralizar" la publicación con el objeto de "impedir que nombren un presidente no pro-socialista" a la espera de que el Congreso alcance un acuerdo para nombrar a sus magistrados, designaciones que a día de hoy continúan pendientes.

Para la asociación, los hechos habrían incluso impedido el "ejercicio de los derechos cívicos" por cuanto la renovación del Constitucional constituye un derecho de los ciudadanos ya que son éstos los "potenciales usuarios" de este tribunal.

A juicio del Supremo, sin embargo, los reales decretos de nombramiento de los magistrados Francisco José Hernando, Adela Azúa, Luis Ignacio Ortega y Francisco Pérez de los Cobos llevaban fecha de 29 de diciembre de 2010 -un día después de la presentación de esta denuncia- y fueron publicados el 10 enero de 2011.

"Los denunciantes, sin aportar datos mínimos e indispensables para acreditar los hechos imputados, salvo las versiones periodísticas de las noticias, pretenden con tales imprecisiones e indicios construir la base de un delito de prevaricación en asunto no gubernativo y considerando arbitraria que los Reales Decretos de nombramiento de 29 de diciembre (con las festividades del año viejo, nuevo y Reyes) se publiquen en el BOE el 9 de enero pasado", razona el auto.

La resolución, cuyo ponente ha sido el magistrado Aldofo Prego, concluye que "ante la patente falta de indicios de actividad delictiva", procede abstenerse de todo pronunciamiento y archivar las actuaciones". Fuente: Europa Press

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