El Supremo se apoya en cuatro documentos de ETA para ilegalizar Sortu, entre ellos, uno incautado en abril de 2010 a la abogada AZ. Según el tribunal, este documento contiene similitudes con escritos de Batasuna en los que se basó Sortu. En este documento de la banda, de agosto de 2009, los etarras plantean la legalización de la izquierda abertzale "a los efectos de poder abrir un nuevo escenario de negociación" con el Estado. Para ello, ETA estaba dispuesta a dejar que Batasuna condenase sus atentados, según el Supremo.
Afirma que el rechazo a la violencia de Sortu es "un engaño". Admite que "es posible que entre quienes apoyan el proyecto" haya "personas desligadas de ETA y Batasuna que, legítimamente y de buena fe, repudien la utilización de la violencia y compartan los ideales independentistas" de la nueva formación.
Añade que "Las condenas a la violencia realizadas en los estatutos o públicamente por los dirigentes de una formación política carecen de valor cuando son utilizadas con la finalidad de burlar el fallo de ilegalización de Batasuna y volver a colarse en un proceso electoral para acceder a las instituciones", prosigue.
Finalmente admite que Sortu "ha extremado la corrección formal" y "la condena de la violencia se ha extendido a ETA y se ha realizado en términos de aparente rotundidad". Pero tales declaraciones no son "sino la escenificación de un nuevo intento de ETA/Batasuna" de saltar a las instituciones. "Debemos, una vez más, desmontar la trama defraudatoria en defensa del Estado de derecho".
