Los magistrados han encontrado a los dos etarras culpables de 20 delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa y otro de estragos terroristas,.
La Sala obliga a los dos acusados a pagar una indemnización superior a los 200.000 euros a las 18 personas que resultaron heridas en el lugar de la explosión. La resolución remarca a este respecto que los etarras prepararon una "acción muy violenta" que originó "efectos terribles" y que sólo "una afortunada coincidencia libró a las víctimas de lo que de otro modo hubiese sido una muerte segura".
La Audiencia entiende además que este intento de atentado es "especialmente reprochable" ya que "la víctima principal era una representante municipal, buscada precisamente en atención al cargo público que representaba, una persona que desarrollaba un servicio público y que fue elegida por sus vecinos".