El Real Decreto incorpora al ordenamiento interno la Directiva 2006/23/CE. El Supremo rechaza que las nuevas licencias expedidas al amparo de esa norma sean de menor exigencia que la de los actuales controladores o que los nuevos profesionales fueran "controladores de bajo coste". Tampoco aprecia el "carácter irreparable" que alega la USCA o que se genere una situación "irreversible".
El Supremo concluye denegando su suspensión pero ahora tiene que pronunciarse sobre el fondo del recurso.