El texto, en su exposición de motivos, presenta la idea de las víctimas de terrorismo como víctimas de violaciones de derechos humanos y pone de manifiesto las obligaciones jurídicas del Estado que asegura la adecuada compensación de quienes han sufrido el terrorismo.
Con la presente proposición de ley se produce un aumento de las ayudas, prestaciones y honores a los que tienen derecho las víctimas así como un trato equitativo en orden de compensación, evitando respuestas desiguales ante casos similares de violencia terrorista.
Una de las novedades de esta proposición de ley, que complementa a la anterior en referencia a la prohibición de símbolos y actos de exaltación del terrorismo, es la protección de las víctimas y familiares en los medios de comunicación. Además, los grupos proponen que se proteja a los españoles que, fuera de nuestras fronteras, sean víctimas de actos terroristas, sean estos perpetrados o no contra intereses españoles en el extranjero. De esta manera se pretende dar cabida en la legislación a las nuevas acciones terroristas transnacionales y a la participación española en operaciones de paz y seguridad.
Por último, este texto prevé que la aplicación de la futura ley sea de carácter retroactivo a todos los actos terroristas acaecidos a partir del 1 de enero de 1960 y a todos aquellos a los que en aplicación de la anterior legislación hayan recibido en concepto de ayudas o indemnizaciones cuantías inferiores a las que el presente texto establece.
