La Audiencia Nacional había rechazado previamente la indemnización que solicitaba a la vista de los informes forenses, que concluían que la mujer hizo “intentos de aparecer como enferma”, o al menos “exageró los síntomas”. La impresión clínica reconoce que padeció “estrés postraumático real”, aunque lo exageró “en función de una biografía repleta de frustraciones y carencias afectivas”.
La sentencia sobre el atentado de la Audiencia Nacional la incluyó en el grupo 3 de lesionados al haber estado impedida durante 60 días, y el Fondo de Ayuda de Víctimas del 11-M le concedió 2.500 euros de ayuda. Además, el Juzgado de lo Social número 8 de Madrid la declaró en situación de incapacidad permanente total. A la vista de esas decisiones anteriores, el Tribunal Supremo ordena ahora que sea indemnizada por el Estado.
