1.- El Departamento ministerial celebra que las asociaciones judiciales hayan tomado las riendas de la situación, protagonizando con ello una interlocución para la que legalmente están legitimadas con el fin de defender los intereses del colectivo judicial.
2.- Resulta sorprendente y muy decepcionante que estas asociaciones amenacen con una huelga si no se satisfacen sus reivindicaciones. Es incomprensible para los ciudadanos que los titulares de un poder del Estado dejen de cumplir con sus funciones constitucionales para presionar a los otros poderes del Estado.
3.- Es incongruente que se amenace con una huelga para “la efectiva y urgente instalación de la Nueva Oficina Judicial” cuando es notorio que el Gobierno ha remitido ya al Parlamento el proyecto de ley que la hará posible. Además, resulta intolerable que se intente presionar al Parlamento con una huelga para intentar condicionar parte del contenido de la próxima ley que regulará la oficina judicial.
4.- El Gobierno se pregunta por qué se amenaza, precisamente ahora, con una huelga para reivindicar una mejora de las tecnologías informáticas en la Justicia, cuando se ha hecho el mayor esfuerzo presupuestario que se ha conocido en esa dirección y cuando, por primera vez, la partida de modernización tecnológica supera a la de infraestructuras y equipamiento.
5.- Resulta especialmente difícil de comprender que se produzca una amenaza de huelga vinculada, entre otros motivos, a una revisión salarial en un momento de crisis económica en la que el Gobierno considera prioritario hacer frente a las necesidades de los colectivos menos favorecidos. Pero, además, el Ministerio recuerda que el salario medio de los jueces aumentará en 2009 en un 5% debido al incremento de las pagas extraordinarias.
6.- Por último, el Gobierno quiere subrayar su disposición al diálogo con todos los operadores jurídicos, porque sólo uniendo esfuerzos es posible ofrecer a los ciudadanos el servicio público de calidad al que tienen derecho.
