Los fiscales jefes de las ocho provincias andaluzas se han reunido en la primera Junta de Fiscales que celebran desde que se reformó el Estatuto Orgánico del Ministerio Público.
En la reunión se estudió el nuevo concepto de suelo no urbanizable que introduce la Ley 10/2003 de 20 de mayo, de Medidas Urgentes de Liberalización en el Sector Inmobiliario, y la Ley de Planificación Urbanística de Andalucía.
Así, los fiscales andaluces han decidido que la red de fiscales medioambientales realice un informe que analice la situación en cada provincia de procedimientos en curso o resoluciones judiciales dictadas, en el que se refleje el criterio que cada fiscalía sostiene en la materia.
Con la información que se recabe se hará un documento base, que será elevado a la Junta de Fiscales que podrá, a partir del mismo, unificar criterios en materia de delitos contra la ordenación del territorio.
El otro acuerdo importante que se alcanzó en la junta tiene que ver con la siniestralidad laboral. En este punto, decidieron solicitar a la consejería de Justicia que inicie gestiones con la de Empleo y Desarrollo Tecnológico, para que los fiscales especialistas en siniestralidad laboral establezcan una red coordinada con los gabinetes de seguridad e higiene.
