El Real Decreto establece medidas para que la Administración no tenga que solicitar a los ciudadanos y a las empresas certificados de datos que ya posee y para la supresión progresiva de los documentos en soporte papel.
En la actualidad, los ciudadanos precisan solicitar algo más de seis millones de certificados al año, preferentemente a la Agencia Tributaria y a la Tesorería de la Seguridad Social, porque así lo exige la propia Administración para los distintos trámites que gestiona.
Con la entrada en vigor del Real Decreto 209/2003 se eliminan, de manera inmediata, cerca de cinco millones de certificados, que son los que anualmente emiten las citadas Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social para trámites estatales.
El resto de los certificados requeridos a los ciudadanos, y que recaen cuantitativamente en su mayor parte sobre el Ministerio de Justicia a través de los diversos certificados que emiten los Registros Civiles, serán eliminados en el plazo de un año.
Además establece el Real Decreto 209/2003 que se les proporcionará a los ciudadanos un domicilio electrónico único en el que recibirán las notificaciones de la Administración.
Para el logro de estos objetivos contempla el Real Decreto los Registros telemáticos que funcionarán las veinticuatro horas de todos los días del año y las notificaciones telemáticas, con las cuales el ciudadano tendrá opción a ser notificado de los procedimientos por medio de una dirección electrónica única que haya elegido expresamente.
