El Ministro de Administraciones Públicas trata de materializar este nuevo acuerdo en el plazo de un año, en una subcomisión específica del Congreso que contaría con el apoyo de una comisión de expertos.
El enorme proceso descentralizador que ha experimentado la Administración española desde enero de este año con el traspaso de la sanidad a las Comunidades Autónomas y con la transferencia de competencias hacia la Unión Europea, obliga al Ejecutivo central a racionalizar las diferentes Administraciones y a tratar de acordar el proceso con las mismas.
En este momento, las Comunidades Autónomas superan en gasto y empleados públicos a la Administración General del Estado y ante las Administraciones Públicas se han producido demandas sociales procedentes de la inmigración, de la asistencia a la tercera edad, de la seguridad ciudadana, del medio ambiente o de los compromisos internacionales de España.
El Ejecutivo ha considerado que una mera reforma de la Administración General del Estado es insuficiente para afrontar los nuevos retos. Necesita contar con todas las Administraciones Públicas y buscar su cooperación. De ahí que trate de pactar con las Comunidades Autónomas, los municipios, los sindicatos de la función pública y con los partidos políticos.
Javier Arenas trata entre otras cosas, con este proceso de reforma evitar las duplicidades administrativas entre autonomías, municipios y Administración central, impulsar las nuevas tecnologías, extender la ventanilla única de las Administraciones desde el área empresarial y la reducción de la temporalidad.
