El Tribunal Supremo ha rechazado en una sentencia reconocer el derecho a la compra de los pisos vendidos por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid en 2013 en la época de Ana Botella en la Alcaldía al fondo de inversión Fidere.

La Abogacía Española (AE) ha asegurado este jueves que las instituciones europeas han admitido a trámite una petición formulada por la entidad el pasado mes de noviembre y se implicarán en el "problema" de los mutualistas españoles, que, según afirma la AE, "recibirán una pensión insuficiente cuando se jubilen".

La Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves la proposición de ley presentada por el PP para ampliar la protección y el reconocimiento a las víctimas del terrorismo, que ha estado respaldada por todos los partidos de la Cámara.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha declarado la existencia de una cesión ilegal en la Axencia Tributaria de Galicia (Atriga) respecto a los colaboradores de los recaudadores de tributos.

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a tres años y medio de prisión, así como a inhabilitación por 13 años y medio, al alcalde de Agolada, por falsedad en documento oficial y prevaricación en el precintado de las obras de ampliación de la depuradora de una empresa láctea.

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha confirmado la sentencia dictada el pasado noviembre por la Sección Primera de la Audiencia Provincial que impuso a un agresor sexual tres años de custodia y vigilancia familiar, cinco años de libertad vigilada, así como el seguimiento de un tratamiento ambulatorio de sus problemas psíquicos en un centro de salud mental.

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Francisco Javier O. R. a 18 años de prisión por matar en mayo de 2023 de 36 puñaladas a su compañero de piso, un rapero colombiano de 29 años.

Iustel presenta, dentro de su fondo editorial, la obra “La distribución de riesgos en la ejecución de los contratos públicos” que expone y analiza la vigente regulación de la distribución o reparto de riesgos en la ejecución de los contratos administrativos y demás contratos públicos sujetos a la vigente Ley de Contratos del Sector Público de 2017.

El día 24 de abril de 2025 se ha publicado, en el diario El Español, un artículo de Agustín Ruiz Robledo en el cual el autor considera que no se trata ya sólo de una anomalía política que estas Cortes elegidas en julio de 2023 no hayan aprobado una ley presupuestaria, sino de un incumplimiento jurídico.

El día 25 de abril de 2025 se ha publicado, en el diario La Razón, un artículo de Consuelo Madrigal Martínez-Pereda, en el cual la autora opina que al enfatizar la incondicionalidad de algunos derechos humanos que no pueden depender de los recursos, la fraternidad afirma un núcleo irreductible de la superioridad de la condición humana sobre el ubicuo poder del dinero y su omnipresencia en el mundo.

Workshop sobre minorías religiosas en Europa, dentro del Proyecto ATLAS, en la Universidad de Milán. Se puede participar online.

Se convoca el Premio de Investigación del Consejo Económico y Social de España correspondiente a la edición XXIII. El tema de la presente convocatoria es “Los impactos económicos, laborales y sociales de la contratación pública en España”.

El ICAMUR, en Colaboración con la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), ha organizado las VII Jornadas de Derecho de Familia que tendrán lugar los días 15 y 16 de mayo de 2025 en el Salón de Actos del Colegio.

Estima el TS el recurso interpuesto, revoca la sentencia impugnada y declara que la indemnización por despido percibida por la recurrente no puede ser incluida en el activo del inventario de la sociedad de gananciales, pues se trata de un bien privativo al haberse recibido una vez producida la separación de hecho de los litigantes, aunque antes de la sentencia de divorcio.

Con estimación del recurso interpuesto por la Comunidad Autónoma de Castilla y León, revoca el Tribunal la sentencia impugnada y ordena la retroacción de las actuaciones al momento en que se le causó indefensión, a fin de que se admita y practique la prueba pericial propuesta por la Administración autonómica en su escrito de contestación a la demanda y se dicte nueva sentencia con valoración de la totalidad de la prueba practicada.