LA NUEVA NORMALIDAD: GOBERNAR SIN PARLAMENTO
No presentar unos Presupuestos Generales del Estado menoscaba los principios fundamentales de nuestra democracia parlamentaria, puesto que priva a las Cortes de una de sus funciones históricamente primordiales llegando ya al final de este vertiginoso mes de abril que ha sometido el mundo a los vaivenes de las decisiones vía decretos presidenciales del presidente Trump -libre de cualquier tipo de control institucional, político, económico y hasta personal, lo que da mucho que pensar sobre el funcionamiento de los checks and balances norteamericanos- toca volver la mirada hacia los problemas de nuestra democracia. Que tampoco son pequeños, aunque podamos consolarnos pensando que estamos todavía lejos de un caudillismo populista que desprecia los límites al poder, carga contra los jueces a los que nadie ha elegido y que gobierna rodeado de un grupo de aduladores serviles y sin contar demasiado con el Parlamento.
Quería detenerme precisamente en este último punto, a propósito de la renuncia -que ya se presenta como prácticamente definitiva, y no temporal- del Gobierno a presentar la Ley General de Presupuestos al Congreso, por la sencilla razón de que no cuenta con una mayoría suficiente para aprobarlos. Pues bien, siendo esto comprensible en términos políticos, resulta profundamente antidemocrático, además de claramente inconstitucional. No deja de llamar la atención que, después de haber criticado, con razón, la negativa del PP a renovar durante años el órgano de gobierno de los jueces como un incumplimiento constitucional -otro tema es el cómo, pero esa es otra cuestión-, se asuma ahora con tanta desenvoltura el incumplimiento de una obligación constitucional tan trascedente como es la de presentar unos Presupuestos anualmente y, a ser posible, en plazo. Además, llueve sobre mojado, porque en 2024 tampoco hubo presupuestos, aunque aquella vez la excusa era la convocatoria de las elecciones catalanas.
Como se ha repetido hasta la saciedad, la presentación de los Presupuestos es una obligación constitucional del Gobierno, establecida con claridad en su artículo 134.3, que también prevé que se presenten tres meses antes de que termine el ejercicio en curso, es decir, el 1 de octubre. Solo excepcionalmente se prevé la prórroga automática de los Presupuestos anteriores de forma temporal. Sin embargo, en España cada vez más la excepción se está convirtiendo en la regla general, tanto en el ámbito del Gobierno estatal como en de los gobiernos autonómicos, con especial mención al catalán. Sucede igual con la excepción de legislar por decreto-ley: también se ha convertido en la “nueva normalidad”, por utilizar la recordada frase de nuestro presidente del Gobierno. Una nueva normalidad, insistimos, contraria a la Constitución y a los principios básicos de una democracia parlamentaria.
La razón última, como hemos dicho, es sencillamente la falta de una mayoría parlamentaria suficiente: el PSOE consiguió una mayoría para su investidura -a un precio muy alto, como es bien sabido-, pero, ciertamente, no tiene nada parecido a una mayoría de legislatura, ni mucho menos un acuerdo digno de este nombre. De ahí el sufrimiento constante, dentro y fuera del Parlamento, para aprobar leyes o incluso decretos-leyes. Los ejercicios de contorsionismo político de este Gobierno son bien conocidos, y no es cuestión de enumerarlos otra vez aquí. Pero lo que sí es evidente es que la coalición negativa existente, que considera preferible un Gobierno débil y extorsionable de Pedro Sánchez a una alternativa del PP y Vox con mayoría absoluta, sencillamente no es suficiente para gobernar. O al menos para gobernar con el Parlamento, que es lo que se supone que se hace en una democracia parlamentaria.
Recordemos que la legitimidad del Gobierno y la de su presidente se fundamentan precisamente en la confianza del Parlamento: a nuestro presidente no le elegimos los ciudadanos directamente, le elige el parlamento. Y si no tiene la confianza del Parlamento para algo tan esencial como aprobar unos Presupuestos durante una legislatura -porque esa es la pinta que tiene-, lo que hay que hacer es convocar elecciones. Esta era la antigua normalidad: de hecho, así lo entendió el propio Pedro Sánchez en 2019. La cultura política democrática asumía, correctamente, que el rechazo a unos Presupuestos Generales del Estado suponía el rechazo al proyecto político del Gobierno, que tenía que sacar las conclusiones pertinentes. Y es lo que se hacía.
Ya no. En la nueva normalidad, la pedestre realidad de que no hay mayoría suficiente para aprobar unos Presupuestos, que debería llevar a unas elecciones -que pueden perderse, pese a los esfuerzos combinados del CIS y del PP- se disfraza como se puede. De entrada, con la inédita decisión -al menos, a nivel del Gobierno nacional- de no presentarlos durante dos años consecutivos para que no se constate o se visibilice esa falta de apoyos. Que no se enteren los ciudadanos de que este Gobierno no tiene mayoría. Pero sigue con declaraciones muy preocupantes desde el punto de vista del Estado democrático de derecho por parte de algunos representantes políticos. Declaraciones que empiezan a recordar demasiado a las de un Trump o cualquier otro populista al uso.
Recordemos algunas. Por ejemplo, afirmar que “habrá que gobernar por decreto-ley” -como si fuera una opción más, y no una excepción limitada constitucionalmente- o “habrá que gobernar sin el Parlamento” -luego rectificada ante el pequeño escándalo mediático-, sin olvidar las asombrosas declaraciones del inefable ministro Óscar Puente, afirmando nada más y nada menos que los Presupuestos son una herramienta útil, pero no imprescindible. Asegura que no sólo se puede gobernar sin Presupuestos sino que siempre ha “relativizado este tema”. Que es tanto como decir que siempre ha relativizado el Parlamento, la Constitución o, ya puestos, la democracia representativa. ¿De verdad estamos tan lejos de Trump y de sus decretos ejecutivos y estados de excepción como nos gustaría creer?
Como hemos apuntado, esta anomalía democrática no sólo afecta al Gobierno nacional. Hay varias comunidades autónomas gobernadas por el PP que tampoco han presentado proyecto de Presupuestos. El mal se extiende, como es previsible, puesto que el ejemplo del Gobierno nacional en minoría es muy inspirador para otros gobiernos regionales en minoría, una vez que se ha roto el acuerdo entre PP y Vox. Mención especial merecen algunos comentarios de políticos -en este caso, del Gobierno de Salvador Illa-, que señalan que les hubiera “gustado” tener Presupuestos, como si fuera algo así como un ideal al que aspirar, y no una obligación constitucional.
Lo cierto es que la no presentación de Presupuestos menoscaba los principios fundamentales de una democracia parlamentaria, al privar al Parlamento de una de sus funciones primordiales: no en vano, el inicio histórico del parlamentarismo se encuentra íntimamente enlazado con el famoso principio “no taxes without representation”, es decir, la exigencia de que para imponer impuestos a los ciudadanos se requería el voto favorable de sus representantes parlamentarios. Pero, además, nos encontramos en un momento histórico, en el que se están comprometiendo subidas importantes del Presupuesto en Defensa al margen del Parlamento, la sede de la soberanía popular. Las triquiñuelas técnicas a las que se va a recurrir para hacerlo no son de recibo en un Estado democrático de derecho. Gobernar sin el Parlamento no puede ser una opción, al menos democrática.
