MÉRIDA, 4 (EUROPA PRESS)
De esta forma, el tribunal reconoce el principio de indemnidad de los funcionarios públicos, que obliga a la Administración a resarcir todos los daños y perjuicios sufridos por un agente en acto de servicio, siempre que no haya mediado dolo o negligencia grave, señala en nota de prensa el sindicato JUPOL, cuyos servicios jurídicos han representado al agente.
La Sala afirma que la reparación debe ser integral, incluyendo tanto los daños físicos como los perjuicios morales derivados del siniestro. Esta resolución supone "un paso más allá" respecto a anteriores pronunciamientos, al declarar expresamente que la Administración debe indemnizar cualquier lesión producida en acto de servicio, incluso cuando no haya mediado agresión, delito ni procedimiento penal alguno, como en el caso de este agente ,que sufrió una fractura durante una intervención policial.
MÁS DE 17.400 EUROS
El servicio jurídico de JUPOL, dirigido por el letrado Manuel Casero Rodríguez, ha conseguido de esta forma que el TSJ de Extremadura anule la resolución de la Dirección General de la Policía que denegaba la indemnización y condene al Estado al pago de 17.428,50 euros más intereses legales, reconociendo que la actuación del agente se produjo en el marco de su servicio y sin negligencia alguna.
JUPOL destaca que esta resolución "marca un hito en la protección jurídica de los policías nacionales", al consolidar que toda lesión sufrida en acto de servicio debe ser compensada por la Administración, sin depender de la existencia de un procedimiento penal ni de la declaración de insolvencia del agresor.
El sindicato recuerda que ya había conseguido otras resoluciones favorables en esta línea, como las del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde se estableció la responsabilidad del Estado en casos de agresiones con autores insolventes. Sin embargo, esta nueva sentencia "va más allá, al reconocer la indemnización incluso sin la existencia de un responsable penal".
JUPOL recuerda que ofrece defensa jurídica gratuita a todos sus afiliados, incluidos los policías en prácticas, en todos los procedimientos derivados de su labor profesional, y reitera su compromiso con la defensa de los derechos de los agentes y con la plena aplicación del principio de indemnidad, para que ningún policía quede desprotegido ante los riesgos inherentes al ejercicio de su función pública.
