CÓRDOBA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
Según recoge la sentencia, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), "no parece claro que el acusado actuase con conciencia de la ilegalidad de la contratación", a lo que añade que "su actuación fue torpe y reprochable, sin consultar a los técnicos municipales, y siguiendo una inercia derivada de las firmas masivas que en dicho período de tiempo venía efectuando, dado que se estaba en período de alerta sanitaria --con la pandemia del Covid--, y también con la intención de que no se quedaran los entes públicos sin los servicios de seguridad".
Además, se expone que "no hay motivos para apreciar que es apreciable el plus de antijuridicidad que requiere una resolución administrativa ilícita para justificar la intervención penal, ya que para ello sería necesario e imprescindible que tuviera plena conciencia de que resuelve al margen del ordenamiento jurídico y lo que es más importante, que con ello ocasiona un resultado materialmente injusto".
Contra esta sentencia cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en término de diez días desde la notificación.
