ALMERÍA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
En su sentencia, consultada por Europa Press y contra la que cabe recurso de apelación, la Sección Tercera señala la ausencia de una prueba "clara e indubitada" que permita concluir la participación del acusado ante el delito contra la salud pública que le atribuía la Fiscalía, que pedía para el acusado una pena de ocho años y medio de cárcel así como una multa de 12 millones de euros.
Las pruebas practicadas en Sala no permitieron acreditar a ojos del tribunal que el empresario tuviera una relación "cierta y directa" con la droga intervenida en abril de 2021, cuando a través de una intervención policial se localizaron 29 paquetes con 28,9 kilos de cocaína en las ruedas de repuesto de un remolque que había transportado maquinaria de la empresa del acusado. El estupefaciente estaba valorado en más de tres millones de euros en el mercado ilícito.
En el juicio, el acusado reconoció la adquisición en octubre de 2020 de la empresa, cuyo domicilio social estableció en su vivienda de alquiler de Aguadulce. Más tarde, adquirió un rulo compactador que en los años siguientes trasladó desde Huelva a Canarias mediante la contratación de una empresa de transportes, que también empleó para mover maquinaria análoga.
El tribunal incide así en el trayecto de regreso desde Canarias que se hizo el 8 de abril de 2021 de un rodillo compactador supuestamente averiado, sobre el que "no existe prueba alguna que vincule dicho porte con los paquetes de cocaína interceptados por la Policía once días después" en El Ejido más allá de que estos estuvieran escondidos en dos ruedas de repuesto del mismo semirremolque utilizado en el traslado de la máquina.
La sentencia incide en este punto que la máquina supuestamente averiada "no fue encontrada a lo largo de la investigación" y, por tanto, "se desconoce si había sido manipulada o adaptada para albergar el estupefaciente".
"Afirmar que la droga se introdujo en la Península de esa forma y que fue precisamente esa partida, y no otra, la que incautó el dispositivo policial, no pasa de ser una hipótesis más o menos fundada, pero no alcanza en absoluto el rango de prueba incontrovertible susceptible de sustentar un fallo condenatorio".
El acusado por esta causa fue localizado y arrestado el 27 de octubre de 2024 en un aeropuerto de Francia procedente de República Dominicana a raíz de una orden de detención europea que se emitió en dos años y medio antes en el marco de la investigación, por lo que fue extraditado a España.
