PALMA, 30 (EUROPA PRESS)
Según ha explicado este martes la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, en el recurso interpuesto y admitido a trámite, el Ejecutivo balear alerta de la presión que soporta el sistema de protección de menores en la comunidad, especialmente en lo que respecta a los niños y adolescentes migrantes no acompañados, situación que tanto el Govern como los Consells han denunciado desde hace meses, unos datos que, según recalcan, también han sido contrastados a través de los informes de la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia.
La impugnación se basa en que esta capacidad ordinaria de 406 menores adjudicada a Baleares responde a una regulación adoptada sin una justificación clara de los criterios empleados, lo que genera un resultado "opaco y arbitrario que beneficia a unas comunidades en detrimento de otras y vulnera el principio constitucional de solidaridad interterritorial". La norma es, según el Govern, perjudicial para los intereses legítimos de la comunidad.
De este modo, el Tribunal Supremo tramitará ahora el recurso presentado el día 24 de septiembre de 2025, por la Abogacía de la Comunidad Autónoma, tras ser autorizado por el Consell de Govern.
Este recurso se suma a otros dos recursos previos presentados por la Abogacía de Baleares y que ya han sido admitidos a trámite. Se trata del recurso presentado ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, porque afecta las competencias y la autonomía financiera de la comunidad; y del recurso presentado ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 658/2025, de 22 de julio, que regula las medidas a adoptar en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria.
Asimismo, el Govern, a través de la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, también ha presentado alegaciones contra el procedimiento iniciado por el Estado para el traslado de los dos primeros menores extranjeros no acompañados, dentro del reparto impuesto por el Gobierno central.
