“DEFENDER EL DERECHO DE DEFENSA ES PROTEGER LA LIBERTAD”
Cada 24 de enero, la comunidad jurídica internacional se une para conmemorar el Día Internacional de la Abogacía en Riesgo, una fecha que nos invita a reflexionar sobre las adversidades y amenazas que enfrentan numerosos abogados y abogadas en todo el mundo por el mero hecho de ejercer su profesión en defensa de las personas. Este día es una oportunidad para alzar la voz en defensa de quienes, con valentía y compromiso, protegen los derechos fundamentales de la ciudadanía, a menudo poniendo en riesgo su propia seguridad y libertad.
Aunque no existen cifras oficiales precisas sobre el número total de profesionales en peligro crítico a nivel mundial, es evidente que, casi a diario, abogados son asesinados, amenazados, arrestados, torturados, enjuiciados o simplemente desaparecen por desempeñar su labor. La defensa de la abogacía en riesgo no es solo un imperativo moral, sino también un compromiso con los principios establecidos en instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que consagra el derecho a un juicio justo y a la defensa (art. 14), o los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados adoptados por las Naciones Unidas en 1990, que destacan la obligación de los Estados de garantizar que los abogados puedan desempeñar todas sus funciones sin intimidaciones ni represalias. Asimismo, el Convenio Europeo de Derechos Humanos establece la importancia de un acceso efectivo a la defensa como parte esencial del derecho a un proceso equitativo (art. 6).
Un ejemplo destacado del compromiso global con la defensa de los abogados y abogadas amenazados es la misión del Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo (OIAD). Desde su fundación por la abogacía francesa, italiana y española, el OIAD se ha erigido como un mecanismo esencial de protección para quienes ejercen la profesión en lugares en los que las garantías del derecho de defensa se ven en entredicho. La participación del Consejo General de la Abogacía Española como uno de sus fundadores pone de manifiesto su inmenso compromiso con la defensa de la abogacía y los derechos humanos. Este año, España, a través del Consejo General de la Abogacía Española, ostenta la presidencia del OIAD, lo que refuerza nuestra responsabilidad de liderar los esfuerzos internacionales para garantizar que los abogados puedan ejercer su profesión libremente y con las debidas garantías. Los retos que asumimos son claros: trabajar incansablemente para que no haya abogados amenazados y para que las y los profesionales del Derecho puedan cumplir su labor como garantes del acceso a la justicia y de los derechos fundamentales de todas las personas.
En este Día de la Abogacía Amenazada, más que nunca rendimos homenaje a los abogados y abogadas que, día tras día, enfrentan amenazas, presiones y procesos judiciales injustos por defender a sus clientes y salvaguardar la justicia. Su valentía y determinación son un faro de esperanza y dignidad en tiempos de oscuridad.
La labor del OIAD es especialmente relevante ante la preocupante realidad que sufren nuestros compañeros y compañeras en múltiples regiones. No se limita a denunciar las violaciones al derecho de defensa, sino que incluye acciones concretas de apoyo, visibilidad y presión institucional para proteger a los profesionales amenazados.
En 2023, el OIAD fortaleció su capacidad de respuesta mediante guías internas de buenas prácticas que permiten verificar información, evaluar riesgos y activar mecanismos de protección. Este esfuerzo tiene un objetivo claro: salvaguardar la independencia y la seguridad de los abogados y abogadas, pilares indispensables del Estado de derecho. Esta alarmante situación se agrava en países donde la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales es vista como una amenaza por regímenes autoritarios o grupos de poder.
En este contexto, es fundamental reconocer que el derecho de defensa no es solo una garantía procesal, sino un pilar esencial del derecho a la vida y a la libertad. La posibilidad de contar con una defensa letrada efectiva asegura que las personas puedan proteger sus derechos más básicos frente a posibles abusos de poder. Sin una defensa sólida, la vida y la libertad de los individuos quedan expuestas a arbitrariedades y vulneraciones. La reciente aprobación en España de la Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa, refuerza este principio al desarrollar el derecho a la defensa y a la asistencia letrada, consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española, estableciendo garantías y deberes para la abogacía, así como garantías institucionales en el desempeño de la profesión.
En el ámbito nacional, es imprescindible destacar la encomiable labor de la Fundación Abogacía y Derechos Humanos. Fundación que se ha erigido como un baluarte en la promoción y defensa de los derechos humanos para proteger a quienes sufren persecuciones, desarrollando iniciativas formativas, proyectos de cooperación y acciones de acompañamiento y protección para los profesionales que se encuentran en situaciones de riesgo. La Fundación es un ejemplo de cómo la solidaridad dentro de la abogacía puede generar un impacto transformador en los momentos más difíciles y que la unidad en la abogacía puede marcar una diferencia tangible en la vida de quienes enfrentan persecuciones y amenazas por ejercer su noble labor.
La abogacía trasciende el ejercicio de una profesión; es el pilar fundamental que sustenta el derecho de defensa, el cual garantiza, en última instancia, la protección del derecho a la vida, a la libertad y a la dignidad humana. Nunca olvidemos que, al proteger a quienes velan por nuestros derechos, estamos salvaguardando los valores esenciales de la justicia y la libertad.
Por tanto, es imperativo que Estados, instituciones, organizaciones y la sociedad civil trabajemos de la mano para garantizar la seguridad de la abogacía en riesgo. Solo así podremos asegurar la pervivencia de un Estado democrático y de derecho que proteja la dignidad humana y la libertad individual.
Hoy, especialmente, debemos recordar que defender a quienes nos defienden es proteger el derecho de todos a la justicia. Como abogadas y abogados, también somos la voz y la defensa de los más vulnerables, y juntos debemos ser el eco que resuene en cada rincón del mundo, proclamando que la justicia jamás puede ser silenciada.
Por cierto, celebramos el Día Internacional de la Abogacía en Riesgo cada 24 de enero porque ese fue el día de los terribles crímenes de la calle Atocha en 1977, donde tres abogados laboralistas, un estudiante de Derecho y un administrativo de un despacho de abogados fueron vilmente asesinados. Una fecha recordada por la Abogacía Española por lo que significó para nuestra democracia.