CÓRDOBA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
Según recoge la resolución, el Alto Tribunal andaluz ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el acusado y confirma la sentencia de la Audiencia de Córdoba, aunque cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).
En concreto, se da por probado que el día 10 de abril de 2021 un grupo de personas, integrantes del colectivo Lgtbiq+ de Accem, ONG que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas refugiadas y migrantes o colectivos más vulnerables de migrantes, "abanderadas con la insignia multicolor del arcoíris, que ponía de manifiesto la condición u orientación sexual propia del grupo", se encontraban de ruta senderista por una zona próxima a la capital.
Al respecto, el procesado tiene una parcela en dicha zona, a la cual se accede por un camino de tierra, y cuando el grupo llegaba a la altura de la parcela donde se encontraba él, realizaron una parada para refrescarse, por lo que se despojaron de la correspondiente mascarilla de protección que llevaban por la pandemia del Covid.
En ese momento, el acusado, "con la intención de humillarlos, menospreciarlos y amedrentarlos por razón de su orientación sexual y la condición de extranjeros de algunos de los integrantes del grupo, los increpó" con distintas frases.
El grupo se colocó la mascarilla y prosiguió su camino haciendo caso omiso a los calificativos usados por el procesado. Cuando el grupo se encontraba subiendo una cuesta, el acusado siguió insultándolos, a lo que uno de ellos contestó: "Gracias, que tenga un buen día". En ese instante, el procesado respondió con más frases y se subió posteriormente a un vehículo y con la ventanilla bajada "continuaba increpando al grupo con las mismas expresiones durante 200 o 300 metros a lo largo de la cuesta".
Además de las penas de cárcel y multa, el hombre ha sido condenado a inhabilitación especial para profesión u oficio educativo en el ámbito docente deportivo y de tiempo libre durante tres años y seis meses, e indemnizará por daños morales en la cantidad de 300 euros para el conjunto de los perjudicados, con imposición de las costas procesales causadas.
