SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -
El alto tribunal gallego certifica que la normativa, en los términos en los que está redactada, resulta "discriminatoria" y considera "indudable" la diferencia de trato a los alumnos escolarizados en centros ordinarios respecto a los que están en centros específicos de educación especial o en unidades de educación especial.
El TSXG ha emitido esta sentencia en respuesta al recurso presentado en julio de 2023 por la Federación Down Galicia contra la orden 10 del 10 de mayo por la que la Consellería de Educación convoca ayudas para adquirir libros de texto y material escolar destinadas a los alumnos matriculados en educación primaria, secundaria y educación especial en centros sostenidos por fondos públicos.
Según la sentencia, "no se encuentra una justificación razonable para conceder las ayudas de forma prioritaria al alumnado que recibe educación en centros específicos o en unidades de educación especial en centros ordinarios".
DOWN GALICIA URGE MODIFICAR LA NORMATIVA
El presidente de Down Galicia, Delmiro Prieto, ha explicado en rueda de prensa ante los medios, cómo funciona este sistema de ayudas en la práctica.
Los matriculados en régimen de educación especial reciben 300 euros para libros de texto y 75 euros para material escolar con el único requisito de estar matriculado en un centro de educación especial, mientras que las ayudas para el alumnado con discapacidad escolarizado en educación ordinaria "depende de la renta de la unidad familiar".
Lo mismo sucede con los estudiantes con una discapacidad igual o superior al 65%, que, según las explicaciones del colectivo, reciben el importe más alto sin cumplir otros requisitos.
La Federación Down Galicia ha instado a la administración autonómica a modificar "cuanto antes" la orden de ayudas de libros y material escolar para el curso 24-25, publicada el mes de mayo "en los mismos términos que las anteriores".
DIEZ AÑOS DE RECLAMACIONES
Después de diez años de reclamaciones a la Xunta, la Federación decidió presentar un recurso contra la mencionada orden en julio del año pasado ante la "clara discriminación de la normativa".
Delmiro Prieto ha subrayado que tras insistir durante diez años ante la dirección general correspondiente para que modificara esta anomalía, decidieron "dar el paso" y un año después, "hay una sentencia en firme del Tribunal Superior de Justicia".
Asimismo, ha explicado que esta sentencia "implica que se ponga fin a la discriminación a la que durante los últimos años han estado sometidas las familias que optan por la escolarización en escuelas ordinarias".
