LAS TRABAJADORAS SEXUALES MERECEN VIVIR CON DERECHOS
La ultraderecha ha avanzado en toda Europa en las últimas elecciones, y más que nunca hay que pensar cómo fortalecer feminismos que se enfrenten al poder del capitalismo y del patriarcado, del racismo, del colonialismo, del binarismo sexual, el capacitismo y otras exclusiones.
En mi opinión, las posiciones proderechos sobre trabajo sexual están poniendo sobre la mesa un enfoque que permite avanzar, ya que plantean de forma profunda cuáles son las necesidades de muchas mujeres atravesadas por vidas precarizadas, y nos advierten sobre las consecuencias de medidas sancionadoras, en un contexto de Estados securitarios. Debe aclararse que las posiciones proderechos son muy diferentes de las reglamentaristas. El reglamentarismo plantea regulaciones que en muchos casos no garantizan derechos y solo establecen formas de gestionar la actividad de la prostitución, sin poner en cuestión la explotación económica que pueda existir. También debe recordarse que en el posicionamiento proderechos se distinguen formas autónomas de trabajo sexual de otras situaciones atravesadas por situaciones de violencia o de explotación.
En mayo, el Gobierno presentó un proyecto de ley que fue rechazado: la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para prohibir el proxenetismo en todas sus formas. Era un texto de dos páginas que solo proponía una reforma del Código Penal centrada en tres elementos que caracterizan los modelos sancionadores nórdicos: ampliación del concepto de proxenetismo (delito que ya existe en nuestro Código Penal), punición de las personas que alquilen viviendas en las que se ejerza la prostitución, y sanciones a los clientes. Medidas que ya se ha demostrado sólo marginan y precarizan más a las trabajadoras sexuales.
Es un paso más en un recorrido que se inició hace 20 años, con las ordenanzas municipales de “civismo” y la ley mordaza (una ley catastrófica para los derechos civiles). El abolicionismo sancionador no se ha desmarcado de dos artefactos jurídicos que solo han servido para aumentar la exclusión social de trabajadoras sexuales, y además ha pretendido dar un paso más en un modelo de persecución y sanciones hacia las trabajadoras sexuales.
Diversos estudios sobre la aplicación de las ordenanzas han mostrado sus efectos: la mayoría de las sanciones las sufren las mujeres, no los clientes; se empobrece a las mujeres con las multas; se precarizan sus espacios de trabajo; se sanciona a mujeres en situación de trata; se da una especial persecución de mujeres migrantes y trans, y un largo etcétera de vulneraciones de derechos. Nada ha mejorado en la vida de las mujeres que ejercen trabajo sexual voluntariamente, y nada ha mejorado allí donde en vez de prostitución hay violencia.
Estudios académicos y organizaciones sociales en los países del llamado modelo nórdico están denunciando los efectos marginadores y las vulneraciones de derechos que sufren las mujeres (por ejemplo, Amnistía Internacional en su informe sobre Irlanda en 2022).
Hay que cambiar el eje: derechos para las mujeres migrantes, luchar por la distribución de la riqueza y los trabajos de cuidado, modificar el modelo productivo que arrasa el planeta, educar en feminismos, transformar las masculinidades patriarcales En los modelos sancionadores el centro no son los derechos de las mujeres migrantes sin regularizar, ni las precariedades económicas que genera el sistema. Las situaciones de violencia, de marginación o de exclusiones que puede haber también detrás de algunas formas de prostitución deben ser distinguidas del trabajo sexual y deben ser combatidas con las herramientas de la emancipación y los derechos.
Hace unos días se realizaron unas jornadas en Madrid en las que participaron diferentes colectivos de trabajadoras sexuales y propusieron un manifiesto: “Manifiesto de los derechos de las personas que ejercen trabajo sexual”. Escuchen sus voces resumidas en una frase final: “Nadie vive mejor sin derechos”.
