MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
Fuentes jurídicas han informado a Europa Press de que fue el pasado 22 de septiembre cuando el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6 adoptó esta decisión en línea con lo solicitado por la Fiscalía.
El Ministerio Público pidió al magistrado que diese carpetazo a la causa sin entrar a valorar en su informe si los hechos eran constitutivos de un delito de terrorismo, una calificación que quedará supeditada al desarrollo de la investigación en el Juzgado de Solsona.
Antes de proceder al archivo, el magistrado había oficiado a la Comisaría General de Información y a la Jefatura de Información de la Guardia Civil para que informasen sobre la vinculación de los cuatro detenidos con los Comités de Defensa de la República.
El juez Gadea explicaba en su auto que la detención de estas cuatro personas se produjo cuando "pretendían sabotear la Vuelta Ciclista a España" a su paso por la comarca del Solsonès, "derramando en la carretera C-55 unos 400 litros de una materia que, al parecer, podría ser combustible, material aparentemente combustible y deslizante".
El magistrado sostenía que "esta acción frustrada se contextualiza en el marco de una campaña de boicot contra la Vuelta prolíficamente publicitada en las redes sociales por los grupos radicales de ideología independentista, aprovechando el escaparate internacional que supone la Vuelta ciclista para dar visibilidad a la causa".
Y es que, añadía, "durante las semanas previas, los autodenominados CDR alentaron y propusieron en las redes sociales de forma clara y directa el boicot e interrupción de las etapas de la Vuelta que transcurrían por Cataluña".
"Estos grupos de activistas transversales de carácter independentista, surgieron en Cataluña meses antes a la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017, con el objetivo inicial de asegurar la celebración del mismo, tras ser ilegalizado por el Tribunal Constitucional. Los CDR presentan una organización estructurada de carácter transversal, que pretende aglutinar al conjunto del independentismo, y a la vez jerarquizada, constituida en comités territoriales, y ordenada a través de una Coordinadora Nacional", explicaba el magistrado.
"HECHOS MUY GRAVES"
El dispositivo, relataba el juez, "constaba de dos bidones de 200 litros cada uno, rellenos de un líquido negro que desprendía un olor a aceite quemado de vehículo y carburante, unidos entre sí mediante una tubería de riego que asomaba por la parte más alta del túnel y desde donde el flujo de líquido vertería directamente a la carretera".
"A la tubería se encontraba acoplada una electroválvula de riego automático. A unos dos metros de la electroválvula se encontró, disimulada entre la vegetación, una caja pintada de verde camuflaje que contenía una batería de 12 Voltios y un temporizador", añadía.
Para el juez, "se trata de hechos muy graves en los que resulta fácil apreciar el resultado lesivo que el sistema instalado buscaba ocasionar, y no resulta difícil imaginar que la voluntad de causar un daño a un indeterminado número de personas guiaba a los autores de la acción".
A su juicio, además, es "un hecho perfectamente planificado y organizado", puesto que "se basaba en un sofisticado mecanismo oculto entre la vegetación que finalizaba en la manguera que vertería el líquido sobre la citada carretera, siendo la visibilidad de este elemento el que facilitó su detección".
"La operación permitió conocer cómo los detenidos adoptaron numerosas medidas de seguridad, tales como no portar sus teléfonos móviles o utilizar senderos secundarios --de compleja transitabilidad-- para llegar hasta el punto donde habían instalado el ingenio", relataba Gadea.
